La participación de sus directivos en los sucesos de abril de 2002, los cuales provocaron la salida temporal del poder del fallecido Hugo Chávez; la emisión de contenidos inadecuados o la negativa de producirlos en el país e incluso sanciones que otros gobiernos le impusieron en el pasados. Estos fueron algunos de los argumentos que las autoridades esgrimieron para justificar, hace siete años, la no renovación de la concesión de Radio Caracas Televisión (RCTV).
Sin embargo, ninguna de las razones arriba mencionadas figuran en la resolución que el 27 de mayo de 2007 forzó el fin de las emisiones en señal abierta de la planta. Así lo admitió el abogado de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), José Leonardo Suárez, durante la primera de las dos sesiones del juicio por este caso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) está conociendo contra Venezuela.
«Siendo que estaba por extinguirse la concesión de RCTV no había una razón propiamente dicha que obligara al Estado a renovarla, en especial luego de que el Gobierno decidiera aplicar el artículo 108 de la Constitución (que obliga al Estado a garantizar servicios públicos de televisión, radio, Internet y bibliotecas», afirmó el funcionario, quien fue llamado para defender la actuación del Ejecutivo en este caso.
Suárez en reiteradas ocasiones recordó que la renovación de las concesiones de los medios audiovisuales «es un acto discrecional del Estado»; es decir que los gobernantes pueden tomar las decisiones de otorgarlas o negarlas sin tener que rendir cuentas. Esto dio pie al magistrado costarricense Manuel Ventura para inquirir: «¿La razón para no renovarle la concesión a RCTV es que no hubo razón?». A la pregunta de los abogados de la planta sobre si entre los motivos para no extenderle el permiso para operar figuraba la presunta comisión de algún delito, Suárez respondió secamente: «No».
Seguidamente el magistrado chileno Eduardo Vio Grossi le preguntó al abogado si consideraba que un «acto discrecional era lo mismo que uno arbitrario», lo cual el funcionario negó y atribuyó la responsabilidad de la decisión contra el otrora canal 2 al extinto Ministerio de Telecomunicaciones y no a Conatel.
«No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó RCTV. Se acaba la concesión. Ya está redactada la medida. Así que vayan apagando los equipos», soltó el fallecido Chávez en diciembre de 2006.
Trato discriminatorio
La audiencia se inició con el careo entre el director general de RCTV, Marcel Granier; y el agente del Estado, Germán Saltrón. El primero denunció que la no renovación del permiso fue en respuesta a la línea editorial crítica con la gestión gubernamental y por ello pidió justicia. «Nos hicieron un daño y queremos que ese daño sea compensado. Que se restituya el ejercicio de nuestros derechos, que se nos compense los daños y que se castigue a los responsables».
Saltrón, por su parte, negó rotundamente el señalamiento y aseveró: «No ha sido por la línea editorial, es para darle paso a una emisora donde estén presentes los valores nacionales (en alusión a TVES). Las televisoras no tienen valores, de hecho las televisoras en lugar de informar lo que hacen es desinformar, y en vez de crear valores dan antivalores».
Otro elemento que Granier y sus abogados esgrimieron fue el trato discriminatorio que sufrió su la televisora del Grupo 1BC, pues mientras a ella se le forzó a salir al aire a su rival, Venevisión, se le extendió su autorización para operar. «Hubo una violación al principio de la igualdad», sentenció el jurista peruano Domingo García Belaunde, llamado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar su opinión sobre el caso.
Pero los derechos de los accionistas y trabajadores de RCTV no fueron los únicos que habrían sido violados. A juicio del comunicólogo Antonio Pascuali, llamado por los denunciantes, también perdieron los venezolanos, pues el «pluralismo» se vio disminuido. «Hoy no tenemos un medio que sea vocero de la disidencia», dijo y remató: «Hace unos días hubo una protesta cerca de mi casa y ningún medio la cubrió. Nosotros estábamos más informados del trágico accidente malasio que de lo ocurría debajo de mi ventana», reseñó el portal del diario El Universal.
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