El periodista Javier I. Mayorca reveló este domingo que el Ministerio Público ha ordenado una vigilancia electrónica de los 112 diputados opositores de la Asamblea Nacional y a su entorno. “Es una investigación a fondo contra todos”, le dijo una fuente militar, reseña Noticiero Digital.
Foto: REUTERS/Carlos García Rawlins
Así lo dice en un entrada de su blogs, Crímenes sin castigo:
“El 13 de enero los despachos anticorrupción del Ministerio Público recibieron la instrucción de hurgar en sus archivos y enviar cuanto antes a la superioridad una relación pormenorizada “sobre los casos (activos, activos con egreso o concluidos) relacionados a personas de reconocida trayectoria política, económica o social”.
“Visto así, parecería que este arqueo podría incluir, por ejemplo, a los financistas de las campañas de la oposición y también a los que han aportado para las del oficialismo, los casos que involucren a funcionarios de la Gobernación de Miranda pero también a los que haya sobre la Alcaldía de Libertador. Y ni qué hablar de Petróleos de Venezuela y las fuerzas armadas. Pero en realidad lo que se pretende desde el Ministerio Público obedece a una estrategia general diseñada por el Gobierno para encontrarle caídas a los diputados recién electos por la Mesa de la Unidad Democrática”.
“Entre los objetivos de esta pesquisa se menciona a los dirigentes políticos Richard Mardo, Leopoldo López, Eduardo Manuitt, José Gregorio Briceño (exgobernador de Monagas), el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, el banquero Eligio Cedeño y los que fueron procesados durante el último quiebre del sistema bancario nacional. Además de esto, se ordenó que todo el aparataje de inteligencia electrónica vigile a los nuevos parlamentarios y sus respectivos entornos. “Es una investigación a fondo, contra todos”, me indicó una fuente ligada al mundo castrense.