Un Gobierno sin moral ni luces, hundido en polémicos casos de corrupción y narcotráfico, y cuya justicia se niega rotundamente a investigar, ha decidido emprender una nueva arremetida judicial contra personas de “reconocida trayectoria política, económica o social”. No es un tema de justicia, es claramente un tema de venganza política, que el país y mundo deben repudiar.
Pero esta acusación no es nueva, por supuesto. Lo que presentamos a continuación es una prueba contundente más, de las ya existentes, que demuestra que la persecusión política es una orden que viene de las altas esferas del Gobierno. No queda duda por qué vivimos en un país con 98% de impunidad; la justicia está ocupada persiguiendo a políticos, y poco tiempo tiene para atender los casos que verdaderamente le compete.
La Patilla (Derecha) / Archivo (Izquierda)
En la nota que publica La Patilla se observa lo que sería una fotografía de un correo electrónico enviado este miércoles 13 de enero, por el Sub Director de Investigación de la Fiscalía General de la República, Rubén Contreras, y dirigido a diferentes instancias de esa institución, requiriendo información con “extrema urgencia” sobre “los casos (activos, activos con egreso o concluidos) relacionados a personas de reconocida trayectoria políticas, económicas o social que cursen por ante los distintos despachos adscritos a la Dirección contra la Corrupción”.
Nos preguntamos, ¿Es esta una orden de Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República?
A continuación algunas de las personas que menciona en el correo:
Richard Mardo, Leopoldo López, Juan Carlos Caldera, Manuit, Didalco Bolivar, José Gregorio Briceño, María Mercedes Aranguren, Eligio Cedeño, Antonio Ledezma, Ricardo Fernández Barrueco, y todos los relacionados con los Bancos Confederado, Bolívar Banco, Federal, casas de bolsa, Manuel Rosales, Lapi, Nelson Mezerhane, entre otros.
¿Por qué por ejemplo no incluir en esta lista a escandalosos casos de corrupción con funcionarios que están o estuvieron en el poder y que han desfalcado a la nación? El millonario caso del Banco de Andorra por ejemplo, o los 25 mil millones de Cadivi que desaparecieron por arte de magia. ¡Juzgue usted!
Publicado por La Patilla.
Qué uso le dará esa institución a la información que con tanta urgencia requiere no lo sabemos, pero es muy sencillo inferir que jurídico no es. Cuando se parcializa la justicia, las víctimas somos todos.