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¡BASTA DE FARSAS! Al declarar emergencia alimentaria, FAO debería chequear REAL situación del país

La mayoría parlamentaria de la MUD aprobó el acuerdo de declaratoria de emergencia alimentaria luego de un debate sobre el desabastecimiento en el país. La propuesta fue hecha por el jefe de la bancada de la alianza en la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien dijo que el modelo económico ha destruido el empleo.

Entre los aspectos definidos en el acuerdo destacan la solicitud para que una comisión de la FAO visite el país, constate el estado de la situación de alimentos y lo contraste con las cifras expuestas por el Ejecutivo. El texto ordena al gobierno presentar al Parlamento, en tiempo perentorio, un plan de seguridad alimentaria que contemple la supresión de los controles a la producción nacional y defina un calendario de pago de deudas a los proveedores extranjeros.

Foto: Reuters / Carlos Garcia Rawlin

Foto: Reuters / Carlos Garcia Rawlin

En el acuerdo también llaman al desarrollo de la producción agropecuaria. La AN solicitó a la Unicef evaluar el estado de malnutrición infantil en Venezuela.

Borges propuso medidas para combatir la crisis: atacar el aspecto impositivo y estimular a las empresas mediante el respaldo en materia de impuestos, revisar la burocracia y la permisología, y recuperar empresas como PDVSA. Precisó que de las 1.200 empresas expropiadas por el gobierno, 300 pertenecen al sector alimentos. Propuso un censo para revisar la productividad de esas empresas y señaló que hay más de 4 millones de hectáreas ociosas.

Julio Borges pidió revisar el inventario y la productividad de 1.200 empresas que han sido expropiadas, mientras que Ricardo Molina (GPP) exigió intervenir la Polar.

También abogó por el desarrollo de una economía productiva y competitiva, pidió claridad para el sistema de precios y entendimiento entre el gobierno, el sector productivo y los trabajadores. Anunció que el proyecto de ley de producción nacional entró en cuenta ayer.

Antes éramos un país que se autoabastecía en productos básicos como el maíz blanco; hoy nuestra arepa no tiene el orgullo de ser venezolana, sino que se hace con maíz mexicano. Antes nos abastecíamos de arroz y llegamos a exportar, y ahora lo traemos de Estados Unidos”, señaló.

El diputado Ricardo Molina, del Gran Polo Patriótico, negó que en el país exista una crisis alimentaria. Indicó que con la declaratoria de emergencia debe intervenirse a empresas Polar, compañía a la que llamó a sincerar la producción de harina de maíz.

El 90% de la capacidad de producción de alimentos la tiene la empresa privada. Vamos a revisar entonces el patrón productivo y la responsabilidad social del sector privado”, indicó.

Aprobación condicionada

El proyecto de ley de bono de alimentación y medicamentos para jubilados y Pensionados, otra de las ofertas electorales de la MUD, fue aprobado en primera discusión por unanimidad.

Sin embargo, el jefe de la fracción del chavismo, Héctor Rodríguez, acusó a la oposición de populista y demagoga por cuanto nunca respaldó la Gran Misión en Amor Mayor.

Rodríguez destacó que Hugo Chávez equiparó las pensiones al salario mínimo. Planteó tres elementos que consideran clave: atención gratuita de los adultos mayores en las clínicas privadas, derecho a la jubilación de los trabajadores en las empresas privadas y creación de un fondo para financiar la ley sobre los ingresos brutos mensuales de las personas jurídicas.

En la presentación de la ley para jubilados y pensionados, el diputado Miguel Pizarro, de la MUD, manifestó que es el reconocimiento a la lucha de varios años.  “Muchas vidas que se sacrificaron para conquistar este tipo de beneficios, hoy se ven honrados con esa nueva mayoría en la AN”, afirmó.

Pedro Benítez, también de la alianza, señaló que 725.000 adultos mayores no están pensionados. Destacó que las pensiones no son una dádiva, sino un derecho ganado durante años de trabajo.

Autonomía

En su sesión de ayer el Parlamento también aprobó en primera discusión la reforma parcial de la Ley del BCV. El presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina, aseveró que la industria petrolera adeuda 138 millardos de dólares al ente emisor.

Añadió que se recuperará la autonomía del organismo porque constitucionalmente no puede estar bajo las órdenes del Ejecutivo.

Ricardo Sanguino, del GPP, dijo que el chavismo no respalda la reforma: “Hay una intencionalidad, aquí hablan de crisis y por esa obsesión no estamos actuando como debe actuar un Parlamento, y quita aquí y allá sin previamente evaluar. Todo el articulado de esta ley afirma que dependerá de las decisiones del Parlamento”.

El martes discutirán problema eléctrico

El problema eléctrico será discutido el martes próximo en la Asamblea Nacional, anunció Enrique Márquez, vicepresidente del Parlamento, quien criticó que el ministro Luis Motta Domínguez ordene a los centros comerciales generar su propia energía eléctrica (entre 1:00 pm y 3:00 pm y entre 7:00 pm y 9:00 pm) sin consultarlo con nadie.

Son medidas espasmódicas que no solucionan el fondo del problema. Mostramos nuestra preocupación por cómo se lleva un tema tan grave. Estamos a las puertas de una crisis”, expresó. Advirtió que hay más de 100.000 empleos en riesgo por esa decisión.

Añadió que es preocupante la caída del nivel de agua del embalse de Guri y el deterioro de las centrales de generación termoeléctrica.

En relación con los centros comerciales afectados por la medida, dijo que sus representantes serán invitados al Parlamento, al igual que Motta Domínguez, para que se abra un debate que conduzca a solucionar el problema. “Queremos que vengan acá y que nos digan cómo podemos colaborar”, indicó.

Márquez también dijo que es necesario tocar el asunto de las divisas. “Muchos de los centros comerciales no cuentan con las divisas para solucionar diversos aspectos. Por tal motivo el ministro debió citarlos para poder planificar la medida”, señaló.



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