La directora del sindicato del Instituto Nacional de Imparques, Marlene Sifontes denunció que los trabajadores del sector público recibieron amenazas por parte de los directivos de las empresas, de ser sancionados sino acuden a la marcha oficialista del 1° de septiembre.
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“La orden a los directores y jefes es descontar el día de sueldo y aplicar una amonestación al funcionario que falte al trabajo o no asista al acto del gobierno”, aseguró Sifontes en una entrevista para El Nacional.
Informó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está preparando una estrategia para impedir la participación de los trabajadores en la llamada Toma de Caracas, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, para exigir el Referendo Revocatorio
Sifontes afirmó que el Ejecutivo instó a los organismos a “cancelar, como sea, el ticket de alimentación entre ayer viernes y el próximo lunes, con el fin de convencer a los empleados públicos de devolver el gesto del gobierno con la asistencia a la marcha oficialista”.
Marlene Sifontes consideró que “este primero de septiembre los trabajadores deberían ejercer su derecho de marchar y apoyar la tendencia política de su preferencia como lo establece la carta magna, cuestión que el gobierno no quiere aceptar”.
Por su parte, el dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, Serbando Carbone señaló que “con el pago adelantado del ticket, el gobierno pretende comprar a los empleados públicos, pero los trabajadores están demasiado molestos por los atropellos patronales”.
Carbone dijo que las amenazas de despido de funcionarios, lanzadas por voceros oficialistas como el diputado Diosdado Cabello, «ya ha sacado a 400.000 trabajadores mediante despidos y jubilaciones anticipadas y forzadas».
Aseguró que con esta acción, buscan «colocar en su lugar a jóvenes 100% leales al modelo gubernamental”, añadió el dirigente.
Asimismo, el coordinador de la Asociación Civil de Defensa de los Derechos Humanos, Rafael Narváez se refirió a la marcha de la oposición del 1° de septiembre y destacó que «el artículo 68 de la Constitución garantiza a todos los ciudadanos, empleados públicos incluidos, el derecho a la protesta pacífica y que las manifestaciones no pueden ser reprimidas y atacadas con armas de fuego ni gases por los organismos de seguridad del Estado».
Con información de El Nacional
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