El director general de Supervisión Educativa del Ministerio para la Educación, Pedro Uzcátegui, pidió disculpas – vía telefónica – a los directores Rosa de Fajardo del colegio Nazaret, Luis Alberto Gómez Rivas del Monte Carmelo y Flor Elena Gauthier del Colegio Iberoamericano, destituidos de sus cargos el miércoles en la tarde por razones políticas.
La medida había sido anunciada mediante oficio por la Autoridad Única del Ministerio de Educación en el estado Bolívar, Brizeida Quiñones, y confirmada vía telefónica a los medios de comunicación. De acuerdo a Gómez, el director general del Ministerio de Educación pidió disculpas por la medida “arbitraria” tomada contra tres directores y dos profesores acusados de permitir y promover la protesta de estudiantes por razones políticas. La anulación de la medida se produce luego de que este jueves padres y representantes protestaran en las afuera de los colegios y anunciaran movilizaciones en contra de la medida.
El colegio Loyola Gumilla, de la Compañía de Jesús, que había sido incluido dentro de la lista de planteles sancionados, nunca recibió la comunicación pese a que Quiñones había confirmado el procedimiento. Para este jueves estaba prevista una rueda de prensa de la Autoridad Única de Educación en el estado Bolívar, pero fue suspendida en la mañana por “problemas de salud” de Quiñones, reseñó el portal del diario El Nacional.
A los directores y dos profesores se les había suspendido por 30 y hasta 60 días por varios motivos, entre ellos permitir – por ejemplo – que un estudiante hiciera una pancarta de protesta en uno de los salones del plantel. A una profesora de química del colegio Monte Carmelo se le había destituido porque se le vio en una protesta con el uniforme del plantel.
Desde marzo todos los colegios privados del municipio Caroní eran supervisados casi a diario. Funcionarios del Ministerio de Educación vigilaban que las instituciones abrieran sus puertas, incluso cuando hubiese manifestaciones y disturbios. El procedimiento lo hizo oficial Quiñones el 11 marzo, a un mes de las protestas del movimiento estudiantil en el país. En ese momento, Quiñones indicó que habían recibido denuncias de padres y representantes que limitaban el derecho a la educación.
“Nos llegaron varias denuncias de padres que llevaban a sus hijos a los colegios, y les decían que los dejaban bajo su responsabilidad, que ellos (colegio) no se hacían responsables de nada”, declaró a Correo del Caroní el 11 de marzo. En el caso del Nazaret el procedimiento inició por una protesta de alumnos y padres cerca del colegio que limitó el tráfico.
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