Ahora la delincuencia ataca desde la comodidad e irónicamente seguridad de las cárceles, desde donde se cometen 6 de cada 10 delitos, ¿sabrá algo de esto la ministra Iris Varela?.
La extorsión telefónica ocupa el segundo lugar de los delitos más frecuentes en el estado Trujillo. Los cuerpos de seguridad trabajan sin descanso en la lucha frontal contra el delito que mantiene en jaque a comerciantes, médicos, trabajadores, agricultores, bodegueros, transportistas, empresarios y maestros.
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Un portavoz del Comité de Seguridad de Trujillo explicó que los grupos de trabajo lidian con dos grupos extorsivos: los que ejecutan particulares desde la cárcel de Trujillo y los que aplican las bandas criminales que no sólo se dedican a la extorsión, sino al robo y hurto de vehículos, sicariato y distribución de drogas.
De acuerdo a cifras policiales, seis de cada diez llamadas extorsivas son ejecutadas desde la cárcel, lo que ha convertido a los recintos penitenciarios centros de grandes operaciones delictivas contra los trujillanos. Los presos conocen los movimientos de la gente, y tiene conocimientos en detalles de las cosas que ocurren.
La privación de libertad no es excusa para manejar grandes cantidades de dinero. Los cuerpos de seguridad a través de sus informantes apelan a la búsqueda de información en los centros penitenciarios cuando se suscita un grave delito o asesinato, a fin de identificar a los responsables; cruda verdad, reseñó El Pitazo.
La extorsión y otros delitos perpetrados desde las cárceles no es nada nuevo para los venezolanos, que han exigido al Gobierno respuestas, mecanismos para minimizar las acciones ilícitas de los privados de libertad, sin embargo, han sido oídos sordos. Una de las medidas exigidas es el bloqueo de llamadas y acceso a internet.
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión y por unanimidad, el martes, el proyecto de ley de limitación de telefonía celular y la Internet en el interior de las cárceles.
¿Aló Iris Varela? Por lo visto la ministra para Asuntos Penitenciarios solo contesta a los privados de libertad y no a los venezolanos víctimas de la inseguridad.