«El Comité está preocupado de que la Asamblea Nacional, en lugar de las autoridades judiciales, tomaron la iniciativa, al menos en los casos de (Richard) Mardo y Machado, de procesar con cargos penales a los miembros de la oposición, dando así argumentos a la alegación de que los cargos está motivados políticamente en lugar de legalmente».
Así reza el comunicado del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP) donde critica ampliamente las inhabilitaciones políticas en el país haciendo especial énfasis en Maria Corina Machado.
Con relación al caso de Machado, contra quien se sigue un procedimiento para inhabilitarla, los parlamentarios expresan «su profunda preocupación por lo que parece un patrón de acoso legal».
Los congresistas indican que el proceso de inhabilitación se hizo sin ninguna base legal y sin seguir el debido proceso y que «las recientes decisiones de impedirle presentarse a las próximas elecciones es igual de frívolo».
Asimismo, el Comité muestra su preocupación por la investigación criminal contra Machado y «las discrepancias entre la versión de las autoridades y la demandante con respecto a los hechos para sustentar esa investigación».
De hecho, el Comité señala que no entiende de qué exactamente se le acusa, por lo que pide a las autoridades que le explique esos cargos.
En su nota el Comité también se refiere al caso de los diputados Biagio Pilieri, José Sánchez Montiel, Hernán Claret Alemán, Richard Blanco Cabrear, Richard Mardo, Gustavo Marcano, Julio Borges, Juan Carlos Caldera, Nora Bracho, Ismael García, Eduardo Gómez Sigala, Wlliam Dávila, y Mará Mercedes Aranguren.
El Comité «espera» que la nueva Cámara que surja de las elecciones del próximo diciembre en Venezuela no actúe de la misma forma.
«Sinceramente esperamos que la nueva Asamblea Nacional y las autoridades parlamentarias abordarán estos casos de otra manera y dejarán cualquier proceso criminal contra un parlamentario en las manos de la Fiscalía y las Cortes Judiciales», indicó.
El Comité insta a la nueva Asamblea venezolana a que respete el principio de inmunidad parlamentaria y recuerda que ha intentado en vano en diversas ocasiones lograr su consentimiento para visitar el país, por lo que urge a las autoridades a reconsiderar su posición e invitar cuanto antes a los representantes de la UIP.
Con información de Diario Las Américas.