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¡CONTRA LA PARED! Situación de DDHH impide continuidad de Venezuela en Consejo de la ONU

Diversos expresidentes miembros del Club de Madrid, solicitarán a la Asamblea General de la ONU que condicione la renovación de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, dadas la cantidad de personas detenidas en el país por razones políticas, y la negativa de aceptar una misión de observación electoral.

En la carta, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria, Felipe González, Vicente Fox, Andrés Pastrana y Alejandro Toledo, entre otros, argumentan que la resolución 60/251 de la ONU indica que sus miembros deberán “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos y cooperar plenamente con el Consejo. El Gobierno de Venezuela no ha cumplido con estos requisitos”.

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“El deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, la deficiente política exterior del país en esta materia, el desconocimiento de las resoluciones emitidas por las distintas relatorías y grupos de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos por parte del Gobierno venezolano y su actitud obstruccionista en el Consejo de Derechos Humanos durante los últimos tres años son un obstáculo para que se le otorgue una segunda oportunidad para acceder sin más requisitos a este influyente órgano de 47 miembros”, explican los exdignatarios en un comunicado reseñado por La Nación.

“La concentración de poder y la falta de independencia judicial en Venezuela han permitido que el Gobierno intimide, censure y persiga a críticos”, agregaron.

En la votación que se hará el 28 de octubre, Venezuela competirá con Ecuador, Panamá y Bahamas, y tres de esos países representarán a América latina y el Caribe en el Consejo de Derechos Humanos por tres años.

A continuación el comunicado completo:

Lo que Venezuela debería hacer para acceder al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas


En el día de hoy, 19 de octubre de 2015, los abajo firmantes, ex jefes de Estado o de Gobierno y Miembros del Club de Madrid, instan a la Asamblea General de la ONU a condicionar la renovación del mandato de Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la puesta en libertad de las personas detenidas por razones políticas y a la aceptación de una misión imparcial de observación electoral para los próximos comicios legislativos.

En una votación que se llevará a cabo el 28 de octubre, Venezuela competirá con Ecuador, Panamá y Bahamas, tres de los cuatro países representarán a América Latina y el Caribe en el Consejo de Derechos Humanos por tres años. El deterioro de la situación de derechos humanos en Venezuela, la deficiente política exterior del país en esta materia, el desconocimiento de las resoluciones emitidas por las distintas relatorías y grupos de trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos por parte del Gobierno venezolano y su actitud obstruccionista en el Consejo de Derechos Humanos durante los últimos tres años, son un obstáculo para que se le otorgue una segunda oportunidad para acceder sin más requisitos a este influyente órgano de 47 miembros.

La Resolución 60/251 adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2006 por la cual se creó el Consejo de Derechos Humanos, indica que sus miembros deberán “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos” y “cooperar plenamente con el Consejo”. El Gobierno de Venezuela no ha cumplido con estos requisitos.

La concentración de poder y la falta de independencia judicial en Venezuela han permitido que el gobierno intimide, censure y persiga a críticos. De manera arbitraria, se ha detenido, juzgado, condenado e inhabilitado políticamente a líderes de la oposición. Altos funcionarios gubernamentales habitualmente hostigan a periodistas, defensores de derechos humanos y otros críticos menos prominentes y esto ha provocado una autocensura cada vez mayor. Los graves abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas masivas contra el Gobierno en 2014 se mantienen mayormente impunes.

Asimismo, el Gobierno venezolano ha repudiado la labor de observadores internacionales de derechos humanos. En el mismo periodo durante el cual se desempeñó en el más importante órgano de derechos humanos del mundo en Ginebra, autoridades venezolanas rechazaron sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impidieron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizara visitas in situ para el seguimiento de la situación de derechos humanos en el país y denunciaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En la ONU, el Gobierno no ha implementado las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos en el Examen Periódico Universal (EPU) de 2011 sobre los derechos humanos en el país, y además se ha negado a reconsiderar recomendaciones importantes que desestimó durante el EPU.

Venezuela tampoco ha cooperado plenamente con el sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. El Relator Especial sobre la Tortura es el único experto de la ONU a quien se le ha permitido visitar Venezuela en casi dos décadas. Desde 1996, el Gobierno solamente ha concedido un único pedido de la ONU, pero incluso en ese caso, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación espera desde hace cuatro años que el gobierno confirme las fechas de su visita. Venezuela tampoco ha siquiera respondido a solicitudes de visitas planteadas por otros relatores especiales, incluidos los relatores sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión (presentada en 2003 y reiterada en 2009), sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (presentada en 2006 y seguida por un recordatorio en 2008) sobre la situación de los defensores de derechos humanos (presentada en 2008, seguida por recordatorios en 2008 y 2010, y nuevamente reiterada en 2015), sobre la independencia de los magistrados y abogados (presentada en 2011 y seguida por un recordatorio en 2014) y sobre el derecho a la libertad de asociación y reunión (presentada en 2011 y seguida por un recordatorio en 2013).

En julio de 2015, un grupo de expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del sistema interamericano cuestionó públicamente que autoridades venezolanas empleen el canal de televisión pública para criticar a defensores de derechos humanos por sus actividades de promoción de los derechos humanos y su cooperación con órganos de derechos humanos de la ONU y regionales. Es inaceptable que personas y organizaciones que procuran cooperar con el sistema de derechos humanos de la ONU, y aquellas que lo hacen, sufran intimidación y represalias en Venezuela, sobre todo considerando que en ese momento el Gobierno ocupaba una posición de liderazgo en ese mismo sistema.

A su vez, el Gobierno de Venezuela se ha opuesto a acciones internacionales para promover los derechos humanos en otros países. Durante el último año, Venezuela ha usado su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU para demorar, o incluso bloquear, acciones para proteger derechos humanos en Siria y Sudán del Sur. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela votó en contra de todas las resoluciones que alertaban sobre abusos cometidos por gobiernos aliados, como Corea del Norte, Siria, Irán, Sri Lanka, Bielorrusia y Ucrania. Venezuela ha tenido uno de los desempeños más pobres en las votaciones sobre la situación de países, y ha aplicado un doble estándar evidente en su posición en el Consejo ante violaciones de derechos humanos.

El hecho de que Venezuela viole abiertamente sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos más elementales es incompatible con el ingreso en el Consejo de Derechos Humanos. Para conseguirlo deberá dar muestras fehacientes de que esa actitud va a cambiar a partir de ahora. Y la mejor forma de probarlo es atendiendo las demandas de los muchos que, como el Club de Madrid o el Grupo contra la Detención Arbitraria del Alto Comisionado de Naciones Unidas, exigen la liberación inmediata de Leopoldo Lopez, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma y de todas las demás personas detenidas por ejercer sus derechos de opinión y manifestación pacífica y aceptando la integración en la misión de seguimiento electoral de UNASUR de todos los expertos independientes y cualificados, enviados por la OEA, la UE y otras organizaciones internacionales, que sean necesarios para garantizar unas elecciones justas y libres.

Firmado por:

Fernando Henrique Cardoso, Presidente de Brasil, 1995-2003; Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica, 2010-2014; César Gaviria, Presidente de Colombia, 1990-1994; Felipe González, Presidente de España, 1982-1996; Vicente Fox, Presidente de México, 2000-2006; Osvaldo Hurtado, Presidente de Ecuador, 1981-1984; Luis Alberto Lacalle, Presidente de Uruguay, 1990-1995; Ricardo Lagos, Presidente de Chile, 2000-2006; Eduardo Frei, President of Chile, 1994-2000; Tuto Quiroga, Presidente de Bolivia, 2001-2002; José María Sanguinetti, Presidente de Uruguay, 1985-1990; 1995-2000; Andrés Pastrana, Presidente de Colombia, 1998-2002; Sebastián Piñera, Presidente de Chile, 2010-2014; Alejandro Toledo, Presidente de Perú, 2001-2006.

Con información de La Patilla.

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