Como una advertencia y como una amenaza también. Para el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y para el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello esto es lo que representan las últimas declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien aseguró que evalúa endurecer la postura de su despacho frente a las manifestaciones estudiantiles, en particular contra quienes las lideran y contra quienes alteren el orden público y dañen propiedades.
“Se ha venido aprehendiendo a un conjunto de personas y les dan medidas cautelares. Bueno vamos a tener que profundizar las investigaciones y mantener a estas personas, sobre todo las que aparezcan como responsables y líderes de estas acciones, en los centros de reclusión para que respondan ante la justicia y la colectividad sienta que las instituciones están dando respuesta”, soltó el jueves la funcionaria, en el programa que conduce en Radio Nacional de Venezuela (RNV).
Para ambas organizaciones las palabras de la jefa del Ministerio Público representan otro paso más en la escalada de ataques contra la protesta que viene ocurriendo en el país desde 2005, cuando se reformó el Código Penal para castigar los cierres de vías, uno de los instrumentos más utilizado para protestar.
“La política de criminalización de las manifestaciones se va consolidando”, alertó Marco Antonio Ponce, del Observatorio, quien indicó que el anuncio “va coordinado con la doctrina de seguridad nacional que el Gobierno implementa progresivamente y la cual busca anular por la fuerza y la ilegalidad a las personas o agrupaciones que piensan distinto”.
En similares términos se pronunció Nizar El Fakih, abogado del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, quien tras pasar los últimos tres meses entre los tribunales y las sedes de las policías y de la Guardia Nacional para representar a decenas de jóvenes que han sido aprehendidos ha observado una radicalización de la postura de las autoridades, reseñó el portal de El Venezolano.
“Hemos visto como las medidas judiciales contra los detenidos han empeorado. En las primeras semanas de las protestas a los detenidos les imponían régimen de presentación cada 30 días, pero ahora esos lapsos se han reducido a 15 u 8 días, además se imponen fianzas y han aumentado el número de privaciones de libertad, lo cual forma parte de un recrudecimiento de la criminalización de la protesta”, afirmó.
Los activistas incluyen dentro de la misma escalada a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que proscribe las manifestaciones pacíficas espontáneas y aseguraron que estas medidas lo que persiguen es intimidar a los ciudadanos que salen a las calles a exigir un derecho o denunciar un problema.
Sin embargo, ambos activistas descartaron que el objetivo se cumpla. “La criminalización no ha tenido el impacto que esperaba el Gobierno, por eso cada vez sacan leyes o sentencias más represivas y restrictivas, el discurso descalificador continúa y la represión aumenta, pero la gente sigue protestando. La criminalización empezó en 2005, pero las protestas año y año aumentan”, agregó Ponce. En 2005 el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) registró 1.280 manifestaciones, pero el año pasado el Observatorio de Conflictividad Social contabilizó 4.410.
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