Los diputados de la Unidad Democrática acudieron a la Fiscalía General de la República, luego de 410 días de ocurrida la tragedia de Amuay, para denunciar al ministro de petrolero y minería, Rafael Ramírez, y a la directiva de Pdvsa por presuntamente haber cometido los delitos de violaciones a las normas de protección y seguridad laboral, daños al patrimonio público, emisión de gases tóxicos, homicidio culposo y omisión de socorro.
El diputado William Dávila detalló que en estos casos se estarían violentando los derechos humanos no sólo de los empleados de la compañía sino de la población que estaba en los alrededores del centro refinador, «víctimas del abandono de la debida protección del Estado«.
Por lo tanto, este tema de gran importancia para la nación será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos teniendo en cuenta que el hecho ocurrió antes del 10 de septiembre, fecha en la que se hará efectiva la salida de Venezuela del tribunal internacional.
En representación del sindicato de los trabajadores petroleros de la empresa estatal, Ivan Freitez se movilizó desde Falcón hasta Caracas para revelar que se pretende violentar la institucionalidad del fuero sindical. Indica que hace una semana el ministro Ramírez, junto al gerente del Complejo Refinador Paraguaná, Jesús Luongo, interpuso ante la inspectoría de trabajo de Punto Fijo una calificación de despido en su contra, «simplemente por hacer mi trabajo que es denunciar», declara Freitez.
Un grupo de víctimas, familiares, trabajadores y extrabajadores de Pdvsa también se hizo presente para denunciar que no se les ha resarcido ni económica ni moralmente por los daños ocasionados. Milagros Hermoso, habitante del campo de la Guardia Nacional, expresa que ni ella, por sufrir de los riñones, ni su esposo, quien quedó incapacitado, pueden trabajar y nadie del Gobierno les ha querido atender. «Nos cambiaron la vida en minutos y queremos ayuda».
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Con información de: Diario Tal Cual.