Este viernes los abogados de la Jueza María Lourdes Afiuni, José Amalio Graterol y Thelma Fernández, acudieron al Tribunal 17 de juicio de Caracas a fin de solicitar autorización para que Afiuni ejerza su derecho constitucional a replica contenido en el artículo 58 de la Carta Fundamental con ocasión a las afirmaciones inexactas y agraviantes realizadas por el Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, a través de su programa de televisión “Con el Mazo Dando” transmitido por el canal Venezolana de Televisión (VTV). La referida autorización se solicita en virtud de que pesa, sobre la mencionada juez, una medida cautelar referida a la prohibición de hablar a través de los medios de comunicación y redes sociales.
Para el abogado José Amalio Graterol es un acto de cobardía e irresponsabilidad que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, a través de su programa de televisión, haga señalamientos difamantes en contra de la jueza María Afiuni, “sabe que sobre ella pesa una medida que le prohíbe defenderse ante la opinión pública de los señalamientos falaces y politiqueros que solo pretenden dañar la reputación de la Juez de Venezuela; señor Cabello lo invito a que se despoje de su inmunidad parlamentaria y se someta a una investigación seria con jueces y fiscales imparciales para que le explique al país como de teniente paso a millonario, y luego pueda hablar de la jueza Afiuni.”
Por otra parte Graterol señaló que “el presidente de la Asamblea Nacional está muy mal informado o el Sebin le está dando informaciones inexactas pues ni yo, ni la doctora Thelma Fernández, hemos sido nunca ni apoderados, ni defensores del banquero Eligio Cedeño.”
Por su parte la abogado Thelma Fernández recordó que “de acuerdo a la investigación y a lo afirmado por el propio Ministerio Público la Juez Afiuni, no recibió dinero alguno ni promesa de este, a cambio de la libertad del señor Cedeño”
Asimismo señaló que “es el colmo que también se cuestione en este país la defensa que puedan ejercer algunos abogados sobre determinadas personas, por el solo hecho de que pueden resultar incómodos para las pretensiones ilegitimas que tiene el gobierno contra ciertos personajes de la vida pública, cuando todo el mundo tiene derecho a la defensa, incluso el mismo señor Cabello quien ha sido señalado muchas veces de cometer diversos actos de corrupción”., reseñó el portal de La Patilla.