El mal manejo y la corrupción en la industria eléctrica sigue dejando en evidencia la incapacidad del Gobierno frente a este sector, que amenaza con sumir al país en una oscurana por la falta de políticas adecuadas.
La crisis de 2009 puso en evidencia lo vulnerable del sistema eléctrico nacional. Desde 2010 el Gobierno ha hecho negociaciones para la adquisición de equipos en un intento de aumentar la generación en el parque termoeléctrico. Hasta ahora sin éxito. Fuentes del sector han indicado que en lo que va de año las plantas están trabajando a menos de 30 % de su capacidad instalada.
Foto: Corpoelec
Entre las negociaciones hechas por el Gobierno se encuentran las que se realizaron a través de Citgo Petroleum Coporation, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, para la compra, instalación, operación y mantenimiento de 3 turbinas con una inversión 472,51 millones de dólares.
El primer contrato, con fecha de julio de 2010, fue firmado por Alejandro Granado, para aquel entonces presidente de Citgo, con la empresa estadounidense Waller Marine. Partiendo de lo que dice el documento, la transacción fue por 248 millones de dólares para la compra de las 3 turbinas y la construcción de 2 de ellas en gabarra, así como para su conversión dual gas/diesel. El acuerdo no incluyó la construcción del muelle ni las facilidades, como un gasoducto o una subestación, para su operación.
La instalación y conversión de 2 de las barcazas se llevó a cabo. En mayo de 2011, en el Complejo Generador Josefa Joaquina Sánchez Bastidas, en Tacoa, estado Vargas, se incorporaron al sistema eléctrico con los nombres de Josefa Rufina y Margarita con una capacidad de generación de 170 megavatios cada una. La tercera turbina nunca fue traída al país.
Una vez instaladas las dos barcazas, el presidente de Citgo firmó otro contrato, en mayo de 2012, en esta ocasión con la empresa también estadounidense HPI Energy Solutions. En el documento de revisión, con fecha 27 de abril de 2012, se establece que el acuerdo comercial estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2012 y Venezuela pagaría 118,88 millones de dólares solo por la operación y el mantenimiento de las gabarras.
En mayo de 2013 Alejandro Granado autorizó prolongar el contrato, mediante una agenda, por ocho meses más también para la operación y el mantenimiento de las gabarras. El monto en esa oportunidad fue de 105,63 millones de dólares. El documento está dirigido a John Filla, vicepresidente de HPI Technologies, reseñó El Nacional.
Miembros del sindicato de trabajadores del sector eléctrico, que prefirieron no dar sus nombres, aseguraron que las gabarras están funcionando a la capacidad instalada. Sin embargo, advirtieron que no es suficiente para paliar el déficit de generación que tiene la región capital. Agregaron que actualmente son operadas por personal de Corpoelec.
Varios directivos de la estatal eléctrica han solicitado a Pdvsa que se traiga al país y se instale la tercera turbina adquirida por Citgo en 2010, la GE7FA, con una capacidad de generación de 170 megavatios.
No obstante, permanece en Houston, Estados Unidos, según una fuente del sector.