Organizaciones defensoras de los derechos humanos coinciden en que los meses que van de 2014 son los que registran más casos de represión de los últimos años, como señala el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que incluso compara los hechos de 2014 con los del Caracazo en 1989. Nicolás Maduro ha reprimido manifestaciones antigubernamentales 485% más que su antecesor Hugo Chávez
También, aseguró el abogado del centro de Derechos Humanos de la UCAB, Nizar el Fakih, es el año de más violaciones de los derechos humanos, torturas y tratos crueles, como ha admitido el propio Ministerio Público, cuando aseguró el 11 de junio que hubo 185 casos de tratos crueles y 2 de torturas.
En su último informe, el OVCS asegura que la “violencia y la represión hacia manifestantes alcanzó “cifras inéditas en la historia venezolana” y recoge cifras de la propia Fiscalía para respaldar sus argumentos: 3.306 detenciones, 973 heridos y 42 fallecidos desde febrero a junio.
El informe agrega: “Desde los poderes públicos se respaldó el uso desproporcionado y excesivo de la fuerza de la GNB y la PNB”, muchas veces en complicidad con grupos armados.
El OVCS lamenta que las autoridades venezolanas argumenten que la política represiva se utilizó para garantizar el orden interno del país porque “todas las protestas eran violentas”.
La organización aclara que solo una minoría de las protestas —510, lo que representa 8%— fue violenta y en muchos casos los hechos violentos ocurrieron en reacción a la propia represión de los cuerpos de seguridad.
El Fakih coincidió en que este es el año de más represión, como lo demuestran más de 3.000 detenciones reconocidas por la Fiscalía; más de 100 personas que fueron privadas de libertad; más de 2.000 manifestantes con medidas cautelares, que implican un régimen de presentación periódico y un proceso penal abierto.
También, agregó el abogado, están las imputaciones de delitos graves previstos en la Ley contra la Delincuencia Organizada, como la asociación para delinquir, que establecen penas de hasta 10 años; los 32 civiles muertos en manifestaciones; los más de 200 allanamientos sin órdenes judiciales y los 51 ataques a universidades.
Por otra parte, Copei solicitó ayer el CNE investigar el presunto peculado de uso en el congreso del PSUV. Armando Arratia denunció el amplio despliegue publicitario para invitar a los militantes a votar, el uso de transporte de los ministerios y entes del Estado y el empleo de los recursos financieros excesivos. Dijo que está situación podrían representar delitos previstos en la Ley Anticorrupción.
Con información de El Nacional