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¡DIÁLOGO HIPÓCRITA! Maduro reconoce a la oposición pero sigue creando instancias paralelas

Pese al reconocimiento público de la victoria de 80 candidatos de oposición en las elecciones municipales y de haber recibido en Miraflores a 68 de ellos el 18 de diciembre, en los hechos el gobierno de Nicolás Maduro desconoce sistemáticamente la voluntad popular.

Y lo hace además apegado a una práctica iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez que ha tenido varias expresiones a lo largo de los años: la invisibilización, el desprestigio, la criminalización, la judicialización, el despojo de competencias y la creación de una institucionalidad paralela. Estas dos últimas socavan primero y terminan por asumir después las funciones de la institución originaria, tras hacerla inoperante.

Maduro en reunion con Alcaldes Opositores MUD

Es la conclusión a la que llegaron Luis Alfonso Herrera, constitucionalista y profesor universitario de Derecho Administrativo; José Vicente Carrasquero, politólogo y docente de Comunicación Política de la UCAB y de la USB; y Eduardo Semtei, exrector electoral y analista político, tras revisar las decisiones y acciones emprendidas por el gobierno de Maduro, sus gobernadores y alcaldes desde diciembre de 2012, cuando quedó al frente del poder, pasando por su elección como presidente en abril de este año, hasta el presente.

“La clase política en el poder solo toma de la democracia lo que le favorece. Si las elecciones les son desfavorables, demuestra su desprecio por los principios democráticos y desconoce la manifestación de la voluntad popular expresada a través del sufragio”, señaló Carrasquero.

Herrera, por su parte, tildó de grave el proceder del Ejecutivo, avalado por el Legislativo y la complicidad del Poder Judicial: “Las recientes decisiones y designaciones implican un desconocimiento no de los ganadores, ni de los partidos políticos, sino de la voluntad popular, de la soberanía popular, del sufragio, y con ello de la democracia como sistema de gobierno”.

Apabullados

Entre abril y julio de este año, el presidente nombró siete ministros de Estado para igual número de regiones estratégicas de desarrollo integral. Su función primordial es dirigir y supervisar la ejecución de los planes y programas del gobierno central en los estados bajo su coordinación y ser un enlace con Miraflores.

Aunque el Decreto 11 que crea las REDI civiles (las militares fueron obra de Chávez y existen desde 2012) dice expresamente que no menoscaban las funciones de los poderes estatales y municipales, la realidad es que se trata de funcionarios nombrados por el Ejecutivo nacional con potestad de manejar recursos, aprobar y ejecutar proyectos, que fiscalizarán a funcionarios elegidos por el voto popular.

Además, desde 2012 el Poder Ejecutivo ha creado tres corporaciones: Corpomiranda, Corpolara y Corpoamazonas, dirigidas por los ex candidatos del PSUV que resultaron vencidos en sus aspiraciones a gobernar esos estados: Elías Jaua, Luis Reyes y Nicia Maldonado, respectivamente. Inauguran obras, entregan beneficios sociales y administran recursos sin pasar por la aprobación de las legislaturas ni los consejos de planificación estatales o municipales. La directora general de la gobernación de Miranda, Adriana D´Elia, y el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, coincidieron en señalar que desconocen bajo qué parámetros técnicos esas corporaciones reciben y ejecutan el dinero.

A horas de culminadas las elecciones municipales, Maduro designó a Ernesto Villegas, derrotado en la Alcaldía Metropolitana de Caracas, ministro para la Transformación de la capital. Además, anunció el nombramiento de Antonio Álvarez, perdedor en el municipio Sucre, protector de Petare y de Miguel Pérez Pirela, doblegado en Maracaibo, protector de la ciudad y presidente de Corpozulia.

Siguiendo el ejemplo, el presidente Maduro designó Saúl Ameliach autoridad única para el Sur de Valencia, ciudad cuyo alcalde electo, el opositor Miguel Cocchiola, apenas tomaba posesión.

Apegado a la estrategia emprendida por Hugo Chávez en 2008, cuando despojó de competencias a la Alcaldía Metropolitana y lea quitó a los municipios la responsabilidad sobre los sectores salud, vialidad, puertos, aeropuertos, entre otros, el 12 de diciembre el Ejecutivo emitió un decreto de traspaso de competencias de instalaciones emblemáticas de Barquisimeto y Valencia a órganos bajo su control.

Por si fuera poco, el reglamento del Consejo Federal de Gobierno, instancia presidida por el vicepresidente ejecutivo, divide el país en seis regiones federales. La oficina a cargo de cada una es “responsable de la revisión de los proyectos presentados en la región, de realizar un control y seguimiento sobre la ejecución física de los proyectos aprobados, y de brindar apoyo técnico al Distrito Motor de Desarrollo”. El mapa que acompaña a esta nota muestra los niveles de subordinación a los que se someterán los mandatarios locales y estatales.

2014 promete más: el proyecto de ley de gestión y ordenación del territorio que establece la creación de autoridades regionales y distritales también nombradas por el presidente.

Mundo paralelo

El exrector electoral Eduardo Semtei alertó que tales acciones contra gobernadores y alcaldes representan un riesgo inminente para la democracia porque en el fondo implican la sustitución de las grandes mayorías por el partido, el cual a su vez es suplantado por su organismo de dirección, en el que finalmente predomina una persona, que administra libremente el poder total.

Sostuvo que tras el fracaso del golpe de Estado del 4-F y el acceso al poder por la vía electoral, quienes defienden la tesis de la imposición de la dictadura del proletariado se han visto obligados a buscar otros mecanismos para controlar el poder y liquidar al adversario.

Tales mecanismos han sido puestos en práctica desde el primer día con la creación de organismos paralelos en todos los sectores de la vida social, política y administrativa: dividieron los sindicatos, las universidades, los gremios, los organismos de seguridad, montando un mundo paralelo que condujera inexorablemente a la asfixia económica, política, funcional de los sectores contrarios a este neocomunismo del siglo XXI. Al liquidar definitivamente algún sector adversario ya tienen institucionalizado otro paralelo que asume las funciones del extinto”, dijo.

Los analistas coincidieron en que los objetivos son varios, todos orientados a imponer una supremacía política monocolor sobre la sociedad y sus expresiones organizativas.

“Primero, se pretende desconocer el espacio que ocupa la oposición; segundo, evitar que esta pueda desarrollar gestiones que ofrezcan un contraste positivo frente a las del gobierno central porque ello puede llevar a cambio de preferencias políticas; tercero, desconocer el valor del voto y menospreciar la opinión del ciudadano”, puntualizó Carrasquero.

Herrera acotó que el gobierno central pretende debilitar y eventualmente eliminar el modelo geopolítico establecido en la Constitución. “Jurídicamente hablando, implica una desviación de poder. Se crean instancias para quitar competencias y recursos a los estados y los municipios, para que éstos terminen siendo irrelevantes, inocuos e inútiles para los ciudadanos. Cascarones vacíos”, dijo.

Sin fronteras

Otra forma de subdivisión del territorio, diferente a los estados, municipios y parroquias, son los denominados distritos motores de desarrollo. Se trata de espacios de agregación territorial que en la práctica borran las fronteras intermunicipales e interestatales, y les restan competencias a gobernadores y alcaldes para la gestión de los mismos, al traspasarles su supervisión a las autoridades únicas.

La web del Consejo Federal de Gobierno indica que el país se divide en 28 distritos motores de desarrollo (aunque una búsqueda en Internet arroja más de 30), cada uno con su autoridad única, designada por el Poder Ejecutivo.

Los DMD, dice la web, “son unidades de gestión territorial que integran las ventajas comparativas entre los diferentes ámbitos geográficos del territorio nacional. Los mismos responden al desarrollo endógeno, sustentable y socialista, sirviendo de plataforma para la creación, consolidación y fortalecimiento de las organizaciones de base del poder popular, basándose en características históricas, sociales, culturales, económicas y sus potencialidades”.

Destaca la definición que los límites de un DMD pueden o no coincidir con la actual división político-administrativa, es decir que puede contener parte de uno o más estados, municipios y parroquias.

Es así como, por ejemplo, el DMD Sur del Lago, creado en marzo de 2011 por Hugo Chávez, como parte de las medidas para atender a las víctimas de las lluvias de fines de 2010,  incluye municipios de Zulia, Trujillo, Táchira y Mérida

Llama la atención el caso del DMD Ciudad Caribia, estado Vargas, creado en agosto de 2013, pues no constituye la agregación de varios municipios, sino que se limita al espacio que ocupa el desarrollo de viviendas del mismo nombre, donde Chávez determinó una comuna, o ciudad comunal.

En octubre pasado un grupo de colectivos propuso crear el DMD Hugo Chávez en el municipio San Francisco, Zulia.

En noviembre, durante una reunión de alto nivel entre Pdvsa y empresas extranjeras para el desarrollo de la Faja del Orinoco, el presidente de la estatal, Rafael Ramírez, se refirió a otros tres distritos motores: el DMD Ciudad Bolívar-Soledad Falconero que, según sus palabras, “será una ciudad epicentro de crecimiento con un gran complejo mejorador y en él se instalarán las oficinas de las empresas mixtas”. El DMD Palital-Chaguarama, que ya se encuentra en desarrollo. De acuerdo con lo dicho por Ramírez, el mismo “cuenta con un área donde se ensamblan taladros”. Y el DMD Mapire-Santa Cruz del Orinoco que está por desarrollarse.

LO DIJERON

Jorge Arreaza, vicepresidente de la República, el 07-08-13: “Las regiones estratégicas de desarrollo integral son una nueva instancia intermedia de coordinación del Ejecutivo con las regiones. Son parte del nuevo sistema de gobierno popular”.

Nicolás Maduro, presidente, el 18-12-13, señaló respecto de los entes paralelos, que “son resultado de una circunstancia. Busquemos nuevas circunstancias. Estoy de acuerdo con buscar nuevas circunstancias”.

RECUADRO 1

El voto en la mira

Luis Alfonso Herrera, profesor universitario y abogado constitucionalista, advirtió que a largo plazo todas las medidas de reducción de competencias de las alcaldías y gobernaciones se enmarcan en el plan superior del actual gobierno de modificar el sistema de gobierno.

No duda que la desaparición del voto directo, universal y secreto esté entre los objetivos. “Como consecuencia de la eliminación de la forma federal y descentralizada del Estado, se elimina también el sufragio como medio para elegir las autoridades de gobierno y parlamento en los estados y municipios”, dijo.

El politólogo José Vicente Carrasquero acotó que el signo distintivo del actual gobierno es el de un sistema autoritario con visos electoralistas, donde el voto comienza a parecer un trámite. “La lógica del gobierno ha sido por 14 años la misma: las autoridades elegidas por el pueblo pueden ser desconocidas en la práctica si son contrarias a la voluntad hegemónica del régimen”.

RECUADRO 2

Sin poder ni eficiencia

Acercar el poder al pueblo y garantizar la eficiencia del gobierno son los postulados centrales de los decretos de traspaso de competencias y creación de corporaciones. También están presentes en las declaraciones sobre la “necesidad” de que un estado o municipio cuenten con un “protector” diferente al gobernador o alcalde.

A juicio del constitucionalista Luis Alfonso Herrera, las instancias creadas hasta ahora no contribuyen a la eficiencia sino a la burocratización y a la corrupción. “Tampoco acercan el poder al pueblo, sencillamente porque todas implican la centralización o recentralización de competencias, recursos y toma de decisiones en el poder nacional”.

El exrector electoral Eduardo Semtei agregó que el Ejecutivo nacional entra en un “juego macabro” en el que desconoce por igual la voluntad de los opositores y de los chavistas: “Ningún elector, haya sufragado por el gobierno o por la oposición, estaba validando con su voto el despojo institucional de gobernaciones y alcaldías”.

EL DATO

El artículo 16 del Decreto-Ley Orgánica de la Administración Pública establece: “No podrán crearse nuevos órganos o entes que supongan duplicación de las competencias de otros ya existentes, si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos”.

MARU MORALES
22 de Diciembre 2013 – 12:01 am
@morapin
[email protected]

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