En los últimos 7 años organismos del gobierno de Estados Unidos han armado un expediente contra más de 60 funcionarios venezolanos. La lista incluye a civiles y militares señalados en 2008, 2011, 2013 y 2014 de violar los derechos humanos, cooperar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y grupos terroristas y estar involucrados en el tráfico de drogas. En 2008 Estados Unidos acusó a Ghazi Nasr al Din, ex representante diplomático de Venezuela en Damasco y ex presidente del Centro Islámico Chiita, de asistir financieramente al grupo Hezbolá. Es el mismo funcionario que la semana pasada apareció solicitado en la lista de terroristas de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Ese año el Departamento del Tesoro incorporó en la OCFA, también conocida como la lista negra, por presunto narcotráfico y nexos con las FARC, a los generales Hugo Carvajal y Henry Rangel Silva, junto al capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín. Los dos últimos son los actuales gobernadores de Trujillo y Guárico, respectivamente.
En 2011 aparecieron en esa lista el general Clíver Alcalá Cordones por la “creación de una ruta de armas por droga”, los diputados Freddy Bernal, por intermediación en la venta de armas a irregulares, y Amílcar Figueroa, acusado de proveer armas y contactar a las FARC, y el comisario Ramón Madriz (inteligencia) por supuestamente coordinar la seguridad de la guerrilla. Fueron congelados en suelo estadounidenses los activos de estos funcionarios.
En 2013, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, por presuntos vínculos internacionales con el narcotráfico. Villarroel fue identificado como un “capo de la droga”.
La Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, firmada por Barack Obama en diciembre de 2014, involucra a 56 funcionarios venezolanos, según la lista difundida por el senador republicano Marco Rubio, señalados de violar los derechos humanos durante las protestas que comenzaron en febrero de ese mismo año.
En este grupo figurarían la fiscal Luisa Ortega, la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez, el ex ministro del Interior Mguel Rodríguez Torres; el ministro Elías Jaua, los gobernadores José Vielma Mora, Henry Rangel Silva, Francisco Rangel Gómez y Alexis Ramírez; los generales Justo Noguera, Aref Richany, Sergio Rivero, Antonio Benavides, Miguel Vivas, Franklin García Duque, Hugo Carvajal, Iván Hernández Dala, Manuel Quevedo, Manuel Bernal, Julio Morales y Marcos Rojas Figueroa, entre otros.
A inicios de la semana pasada el diario ABC de España aseguró tener información según la cual el capitán de corbeta Leamsy Salazar Villafaña, antiguo escolta del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo habría acusado ante la DEA de liderar el Cartel de los Soles. El militar también formó parte del anillo de seguridad del presidente Hugo Chávez.
En 2011 Pdvsa apareció en el grupo de siete empresas sancionadas por el Departamento de Estado por mantener relaciones comerciales con Irán. Ese año también fue señalada la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, cuya sanción se extendió en 2013 por un lapso de dos años que vence este mes de febrero. El cuestionamiento estadounidense hacia Cavim fue el intercambio de equipos o tecnología con Irán, Corea del Norte y Siria, reseñó El Nacional.