La semana pasada se le partió una torta a la denuncia sobre la contaminación del agua en Carabobo, desde donde hace seis años han realizado señalamientos con pruebas y evidencias de que el líquido «potable» no es apto para el consumo humano.
La denuncia por presunta contaminación de agua en el estado Carabobo, región central de Venezuela, no es para nada nueva. El pasado 11 de abril se cumplieron seis años desde que un grupo de científicos, técnicos, ingenieros y periodistas formalizaran las investigaciones para certificar la baja calidad del vital líquido que llega a mas de tres millones de hogares, entre los que se incluyen familias de los estados Aragua y Cojedes.
Foto: @JORGEGSJ / @CarlosGraffe/
Desde entonces, 11 de abril del año 2010, el Gobierno nacional ha negado cualquier señalamiento que comprometa los estándares que debe cumplir el agua para ser potabilizado, en contraste con las evidencias presentadas por la sociedad civil, laboratorios privados y representantes de instancias de lucha para la conservación del medio ambiente que aseguran que el vital líquido que consumen los carabobeños esta contaminado.
Tal es la determinación del régimen de negar cualquier indicio de contaminación que cuando las pruebas fueron consignadas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al parlamento venezolano, en los años 2011 y 2012 respectivamente, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Diaz, advirtió a todas aquellas personas y medios de comunicación con sancionarlos con cárcel o abrir procedimientos administrativos por generar zozobra en la nación. Hecho que fue ignorado por la ciudadanía debido a que lo que envía empresa Hidrológica del Centro. (Hidrocentro) a las casas a través de las tuberías, dista mucho de un producto que pueda ser consumido.
Lo cierto del caso es que actualmente la nueva mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional (AN) retomó el caso engavetado por la gestión anterior, cuando era presidida por el actual diputado Diosdado Cabello, reseñó El Venezolano News.
Sin embargo y aún cuando han aparecido nuevos indicios que se suman a los tantos anteriores y que confirman la grave crisis de contaminación de agua, el Estado sigue sin tomar las medidas correspondientes. Pasando por encima de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y aun más preocupante, ignorando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reincidiendo en un delito, según expertos en la materia, que no prescribe y es considerado como un crimen de lesa humanidad.