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¡EN UN PAÍS CON JUSTICIA! Cabello “debería estar preso por usar recursos públicos en campaña”

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) instó a la Contraloría General de la República a iniciar una investigación en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, por alentar la comisión de delitos electorales de cara a las elecciones del 6 de diciembre.

El martes 24 de noviembre Cabello justificó el uso proselitista de los recursos del Estado a través de la Misión Vivienda Venezuela por parte de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv): “donde esté una obra del gobierno bolivariano ahí estaremos los candidatos y candidatas de Chávez porque somos parte de una revolución”, afirmó; violando el artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción, la Ley de Procesos Electorales y la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela que prohíben el uso de recursos públicos en beneficio de parcialidades políticas.

Crédito: Con el mazo dando

Crédito: Con el mazo dando

La ONG también cita el acto realizado en el estado Monagas por Cabello donde entregó recursos para la construcción de mil nuevas viviendas en diferentes municipios como parte de la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor: “Un total de 95 millones de bolívares aprobados por el Ejecutivo Nacional, a través del Consejo Federal de Gobierno”.

Provea hace extensiva la denuncia a la gobernadora de esta entidad, Yelitza Santaella. Consideran que debería ser sancionada, según la legislación vigente en el país, por emplear recursos del Estado para beneficiar una opción político partidista.

En el informe indican que la Misión Vivienda ha sido utilizada por el Ejecutivo Nacional y por el Psuv de manera proselitista-electoral, violando con ello el derecho constitucional de no discriminación (artículo 21), el artículo 13 de la Ley Contra la Corrupción que prohíbe que los funcionarios públicos estén al servicio de alguna parcialidad política y hagan uso partidista de los recursos públicos y el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual prohíbe la discriminación.

Provea solicita que se le aplique la Ley contra la Corrupción que establece en su artículo 68 prisión de 1 a 3 años para “(…) el funcionario público que abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político”.

Con información de Efecto Cocuyo.

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