Funcionarios cubanos han diseñado todo el aspecto de los planes de identidad en Venezuela bajo el auspicio del Gobierno chavista, desde el flujo de trabajo en el nuevo Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), hasta los sueldos que los trabajadores deben cobrar. Los planes no han sido concretados, pero el dinero desembolsado por el régimen venezolano sería de más de mil millones de dólares.
Uno de los planes bandera era el de la cédula de identidad electrónica, una tarjeta con un chip que contendría los datos del portador, incluso su historia médica y fiscal. Pese a la importancia de la información manejada, que compone el archivo de venezolanos cedulados base para el registro electoral, el plan no pasó, por ejemplo, por una discusión en la Asamblea Nacional.
El contrato para la nueva cédula con la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas, rostro comercial de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana (UCI), salió a la luz en 2011 tras una investigación periodística que reseña la organización Transparencia Venezuela.
Sobre el acuerdo comercial pesan cláusulas de confidencialidad, fuentes que revelaron su contenido aseguraron haber sido amenazadas por funcionarios venezolanos y cubanos por haber criticado el acuerdo. Uno de ellos, Anthony Daquin, exasesor del Ministerio de Interior para temas de identidad, pidió asilo político en Estados Unidos tras haber sido “perseguido por el servicio de inteligencia nacional”.
Ese contrato, sin embargo, correspondía solo a uno de los planes, el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, especialmente a partir de 2005, puso en manos cubanas el diseño y manejo del nuevo sistema de identificación civil venezolano.
El acuerdo con Cuba para la emisión de documentos comenzó en 2003, cuando los cubanos participaron en el despliegue de la Misión Identidad, que masificó la expedición de cédulas en los meses previos al referéndum revocatorio de 2004. El programa social aún sigue vigente, bajo la figura legal de una fundación adscrita al Ministerio de Interior.
El plan de modernización del sistema de identidad ha contado con al menos 630 millones de dólares entre 2009 y 2014, 3,94 millardos de bolívares calculados a la tasa de cambio oficial vigente para cada año. A esta cifra, se suma una revelada por la firma cubana Albet, en una presentación ante el Sistema Económico Latinoamericano: entre 2004 y 2010 tenían proyectos con Venezuela por 783,5 millones de dólares.
Si se toman en cuenta las cifras contenidas en el presupuesto nacional, la de los créditos adicionales, las establecidas en los contratos y las expuestas por la compañía, se llega a un cálculo de 1.413 millones de dólares asignados a la asesoría cubana en materia de identidad.
Con información de Transparencia Venezuela.