“Ser ciudadano de reconocida honorabilidad y gozar de buena reputación”, son parte de los requisitos establecidos en la Constitución Nacional, en cuanto a elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Tales exigencias no fueron impedimento para que Luisa Estella Morales Lamuño, fuese designada magistrada de la Sala Constitucional y hasta promover a su hija Leticia Acosta Morales como Consultora Jurídica de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y hasta como magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, así publica El Cooperante a través de una nota.
Morales Lamuño fue designada magistrada del TSJ el 13 de diciembre de 2004, para un único periodo de 12 años. El 7 de diciembre de 2007 fue elegida presidenta del máximo tribunal del país con 29 de los 32 votos que conforman la Sala Plena. La insigne funcionaria ejerció la presidencia hasta el 07 de mayo de 2013, tras perder ante la también magistrada de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez.
La gestión de Morales al frente del TSJ, estuvo signada por declaraciones en las que llegó a poner en entredicho el principio de división de poderes. “No podemos seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado”, aseguró el 5 de diciembre de 2009.
El historial de Morales en el Poder Judicial es sombrío. De acuerdo con la Gaceta Oficial 34.354 del 24 de junio de 1989, Morales Lamuño fue destituida del cargo de Juez titular de primera instancia agraria de Yaracuy, luego que el entonces Consejo de Judicatura haya determinado que incurrió en alteración de actas procesales y otro concurso de infracciones.
Luego de una década, consiguió reincorporarse al Poder Judicial, primero como Conjueza de la Sala Político-Administrativa del TSJ y poco después como magistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Tomó posesión de ese cargo en 2001 pero en menos de tres años volvió a ser destituida, por haber sido responsable de ilícitos disciplinarios, al negar la protocolización de un documento de compraventa.
El 7 de mayo de 2013, último día de Morales al frente de la presidencia de la Sala Constitucional, dictó la sentencia 516, que elimina las instancias de investigación, enjuiciamiento y sanción de irregularidades cometidas por los jueces en ejercicio de sus cargos, y abría la posibilidad de un sinfín de demandas de jueces destituidos bajo la vigencia del Código de Ética del Juez. El dictamen no fue suscrito por la nueva presidenta Gladys Gutiérrez y fue publicado sin su autorización. La sentencia luego fue corregida por “error material” y publicada nuevamente el 16 de julio de 2013.