Los pranes están bañados en oro. Estas figuras delincuenciales controlan 8 mil kilómetros de territorio minero en Venezuela, según afirmó la periodista Sebastiana Barráez.
Barráez aseguró que las minas del estado Bolívar son controladas por delincuentes y pranes representantes de los cuerpos de seguridad y detalló la situación que se vive en la entidad con hechos como la masacre de los 17 mineros en Tumeremo.
Composición Maduradas/ Fotos: @SebastianaB- Econoax
“La anarquía reina en la zona de Sifontes y la Gran Sabana. Eso involucra a los municipios Roscío (El Callao y Guasipati), Sifontes (Tumeremo y San Martin de Turumban, que colinda con la frontera de la zona en reclamación por el Río Cuyuni) y el municipio Gran Sabana. Son ejes comandados por distintos pranes, sea el sindicato del Km. 88, cuyo asentamiento central está ubicado en el Km 33, en el municipio Sifontes. En esta zona están ubicados distintos centros de explotación minera. Los pranes controlan más de 8 mil kilómetros cuadrados, incluyendo áreas de navegación fluvial tanto del Cuyuní (Sifontes) como Caroní, Karuay, Aponwao (Gran Sabana)”, expresó.
Barráez hizo énfasis en que los cuerpos de seguridad están involucrados en los hechos delictivos en la zona. “Todo es extorsión. Allí convergen con los pranes representantes de la fuerza pública (incluyendo funcionarios de la Policía del estado Bolívar y militares). El eje Tumeremo a San Martin de Turumbán es una área supeditada a las órdenes de un joven, hijo de un alto funcionario; en las adyacencias de El Callao se cobra vacuna”, agregó, según reseñó Noticiero Digital.
Sobre el caso específico de la masacre comentó: “El terrible e increíble rumor del asesinato de un grupo de mineros en Bolívar, se convirtió en verdad. Por caminos de tierra, al sur de Bolívar, se llega al lugar donde ocurrió la masacre. Bajo metros de tierra estaban los cadáveres. No lo pudo ocultar el cinismo. Aunque el gobernador Rangel Gómez corrió a desmentir la noticia, a descalificar al diputado De Grazia, a ridiculizar el hecho, la verdad salió como el sol. A eso se le suma la irresponsable política comunicacional de los medios del Gobierno tratando de silenciar los hechos. Es plausible que la fiscal general Luisa Ortega dio una respuesta seria y a tiempo. No hay duda que la respuesta del Ministro de la Defensa y del presidente Nicolás Maduro contribuyeron a que el silencio no arropara el atroz hecho”.