El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendió la proclamación de los diputados electos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado Amazonas, después que la oficialista Nicia Maldonado impugnara los comicios en la referida entidad.
Se ordenó la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación de diputados uninominales, lista e indígena electos.
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Al respecto el doctor Jorge Rosell, exmagistrado del TSJ al ser entrevistado por el diario El Impulso, expresó que al acordarse una medida cautelar de suspensión provisional de las elecciones realizadas en el Circuito 1 del estado Amazonas, y a la vez suspender los efectos del acto comicial (totalización de los votos, adjudicación de cargos y proclamación de los diputados electos), pareciera que la MUD pierde la mayoría calificada aludida.
“Si se deja de juramentar a esos dos diputados, supuestamente perdidos, la sumatoria de la totalidad de diputados que integran la AN variará, pero conservando la oposición dicha mayoría calificada”.
Indicó que conforme al artículo 350 de la Constitución estamos obligados a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos”, actitud evidentemente asumida por la AN al designar de manera irregular a los magistrados en cuestión.
Rosell declaró que en última instancia será la Fuerza Armada la que tendrá que apoyar las acciones que se realicen conforme a la Constitución a fin de rechazar las pretensiones de esas fuerzas que luchan desesperadamente por no perder el poder, en contra del mandato que de forma categórica dio el pueblo venezolano.
Enfatizó que es fraudulenta la forma en que se designaron los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por tanto su pretendida autoridad es espuria, ilegítima, falsa.
“En primer lugar dichos candidatos no llenan el perfil exigido por la Constitución, segundo, no se cumplió con el procedimiento establecido en la ley. Este es un procedimiento que debe desarrollarse por lo menos en mes y medio, sin embargo lo agotaron en menos de tres días”. Señaló que todos los ilegítimos nombramientos son inválidos, sujetos a su revocación por el mismo órgano que los designó, es decir la Asamblea Nacional.
“Dicha revocación tendrá que hacerse a través de una mayoría calificada de las dos terceras partes, como lo establece el artículo 265 de la Constitución, mayoría obtenida por la MUD y que el oficialismo trata de burlar a través de estas trapisondas del PSUV”.
Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo
Por su parte, el abogado Manuel Virgüez, coordinador de Movimiento Vinotinto, argumentó que objetan la decisión del TSJ, por cuanto de se trata de un ente ilegítimo ya que el período de postulaciones para la designación de los magistrados culminó el 15 de diciembre.
“El proceso de selección de los magistrados estuvo viciado. Fue una decisión que no se llevó a cabo con transparencia, la cual debe ser con mayoría absoluta. El oficialismo burló ese procedimiento y designó a los magistrados con 99 diputados”.
Por otra parte dijo que los diputados tienen inmunidad parlamentaria desde el momento de su proclamación, según el artículo 200 de la Constitución.
Artículo 200:
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.
Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.
“El allanamiento de la inmunidad no tiene nada que ver con la impugnación de su elección, sin embargo, se debió agotar la primera instancia, en este caso el CNE, porque se supone que la Sala Electoral está de vacaciones”.
Puntualizó que debe prevalecer el Estado de Derecho y la cordura en las próximas decisiones que tome el Gobierno.
Con información de El Impulso / Por Lorena Quintanilla Muñoz.