Este tipo de gas tóxico se ha usado en manifestaciones en la Plaza de la República y en las Torres del Saladillo.
Densas nubes de gases lacrimógenos han asfixiado las protestas generalizadas en el país desde hace un mes. La fuerza pública, según han declarado sus voceros, ha recurrido a este polémico procedimiento, extendido en varias partes del mundo, para garantizar el orden público. Sin embargo, ha surgido una polémica nacional no solo por el uso exagerado del gas en sí mismo, sino porque en muchas manifestaciones hay evidencias de empleo de sustancias lacrimógenas vencidas, reseña Agencia de Noticias LUZ.
El 19 de febrero de 2014, en la disolución de la concentración de manifestantes en la Plaza de la República, la Policía del estado Zulia empleó gas lacrimógeno con fecha de vencimiento de enero de 2002. El 13 de marzo de 2014, durante la actuación de este mismo cuerpo policial en el conjunto habitacional Torres del Saladillo, también emplearon gases lacrimógenos con la misma fecha de vencimiento. Las latas de gases comprimidos recolectados durante la actuación de la policía tienen fecha de expiración desde hace 12 años.
Al menos en esas 2 actuaciones de la policía se han empleado este tipo de armamento no letal, proveniente de la empresa Mace Security Internacional, con sede en los Estados Unidos. Las bombas lacrimógenas usadas en Plaza de la República se fabricaron en la sede en Vermont de esta compañía, encargada de la fabricación y comercialización de armamento, principalmente para defensa personal.
Las evidencias de las latas de gases comprimidos vencidos lanzadas durante las manifestaciones en Maracaibo han sido recabadas por la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del Zulia, coordinada por la Universidad del Zulia, junto a otras universidades de la región y la Organización no Gubernamental Foro Penal Venezolano.
Uno de sus integrantes, David Gómez Gamboa, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, denuncia que tienen la evidencia física y que se están procesando dentro de la Comisión para presentarlo como evidencia en el informe científico y jurídico que están construyendo con el registro de los abusos de las fuerzas del Estado en las manifestaciones de la región.
La Comisión tiene estas evidencias para presentarlas ante los organismos competentes. Gómez Gamboa dice que formalizarán las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo.
“Las fuerzas no podrán usar esos medios en situaciones que ocasionen lesiones personales que puedan poner en riesgo la vida y que resulten en tratos inhumanos”, refiere Hernández. En el caso del Zulia, Gómez Gamboa dice que la Comisión ha registrado casos de este tipo: “Afirmamos que ha habido práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se subsumen en hechos como la integridad física, psíquica o moral. Son actos de humillación, actos de vejación frecuentes, maltratos físicos, hematomas, heridas con objetos contundentes, se han usado bajo el irrespeto de la Constitución, con el uso de armas o gases”, alerta.
Efectos en la salud
En general, prevalece la polémica de si los gases lacrimógenos son dañinos o no para la salud. La alerta aumenta en el caso de uso de bombas lacrimógenas vencidas. La diputada de oposición Dinorah Figuera ha dicho que investigarán estos hechos para la revisión de las municiones recabadas en las protestas.
En 2011, en Chile, está polémica estaba muy viva en la opinión pública. El doctor Andrei Tchernitchin, encargado de estudiar secuelas de los gases lacrimógenos en la salud, afirma que hay una alta probabilidad de que afecten funciones reproductivas o produzcan efectos abortivos. En contraposición, un informe publicado el 20 de mayo de 2011 por el Ministerio de Salud de Chile desmiente que los gases de este tipo provoquen abortos.
“Los estimados de la dosis letal para humanos, sobre la base de las extrapolaciones de los datos en animales, son inciertas y se encuentran en el rango de 25 mil a 150 mil miligramos por minuto por metro cúbico”, explica.
Señala que en Chile se emplea una cantidad estimada entre 0,004 y 0,023. En el caso venezolano, no hay evidencia formal sobre la cantidad de gas lacrimógeno y corresponderá a las autoridades presentar estos datos en el transcurso de las investigaciones.
Los signos clínicos son conocidos: ardor, sensación de quemadura, contracción y dolor del tórax, náuseas, vómitos, toxicidad en los pulmones. Si bien las bombas no son letales por los gases, sí pueden serlo si al lanzarse golpean la cabeza de una persona. Fácilmente pueden fracturar una costilla, o generar lesiones o heridas graves, refiere Silva.
¿Justificación?
El profesor de la Universidad Central de Venezuela, José Ignacio Hernández, afirma que el uso de bombas lacrimógenas para reprimir o controlar protestas ha sido un tema recurrente en investigaciones relacionadas con los derechos humanos.
Recuerda que la Organización de Naciones Unidas (ONU) dictaminó las condiciones en las que pueden usarse: “Su ejercicio debe ser excepcional y proporcional con el peligro que desea prevenirse, no podrá derivar en lesiones o amenazas a la vida, deberá asegurarse la presencia de personal médico para atender a cualquier herido”.
Según Hernández, en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos,el uso de gases lacrimógenos se equipara al uso de la fuerza potencialmente letal. “Las fuerzas de seguridad no pueden hacer uso desproporcionado, desmedido o arbitrario de bombas lacrimógenas”, afirma.
Por Johandry Alberto Hernández