Resulta realmente preocupante. Integrantes de las organizaciones «El Picure» y de la Cota 905, ambas bandas criminales de alta peligrosidad, han sido enviados al Sebin y al internado militar de Ramo Verde, donde se encuentran importantes presos políticos.
La nota publicada por El Nacional, señala que el 19 de enero, el Ministerio Público informó que ocho integrantes de una banda de secuestradores que opera desde la Cota 905 fueron enviados a los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), luego de ser presentados en un juzgado de control.
Los sujetos fueron aprehendidos durante una vasta operación de las divisiones Antiextorsión y Secuestros y Contra Robos de la policía judicial, el 12 de enero. Hubo tres muertos luego de una persecución que comenzó en Hoyo de la Puerta y finalizó en Tazón.
Datos extraoficiales indican que los fallecidos y los capturados pertenecen a una de las «mega bandas» del referido sector, liderada por alias “Vampi”, el mismo involucrado en el plagio y asesinato de Libero Laizzo, manager de la agrupación musical Caramelos de Cianuro.
La reclusión de estos integrantes de una banda organizada en un recinto tradicionalmente destinado a presos políticos añade una nueva preocupación a sus abogados y familiares.
Pero no se trata solamente de las instalaciones de la policía política. La semana anterior el Ministerio Público también notificó la reclusión de ocho civiles integrantes de la banda liderada por José Tovar Colina, alias “Picure”, en el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques.
Esta decisión fue tomada por un juzgado de control del estado Guárico, donde se llevaron a cabo las detenciones. Otro miembro de la organización, un soldado del Ejército, ya permanecía en las celdas de la cárcel militar desde el año pasado.
Temen escapes
El director de la organización Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, indicó que los traslados de grupos de delincuentes comunes a cárceles para presos políticos revela un cambio de estrategia del Ejecutivo hacia estos antisociales.
«Consideraron que la gente del ‘Picure’ es muy peligrosa. Ellos no deberían estar allí, sino en una cárcel común. Pero temen escapes. Saben además que en cualquier otro lugar asumirían el gobierno de las cárceles. Son criminales que tienen mucho poder», afirmó.
Dijo que en Sebin y Ramo Verde es más complicado que estos reos asuman un liderazgo. Según Nieto, en otras cárceles como Tocorón o la PGV los miembros de estas bandas podrían continuar con sus crímenes.
Las consecuencias de la sobrepoblación comienzan a sentirse en ambas instalaciones, advirtió la abogada y directora de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), Jackeline Sandoval.
Uno de los efectos más palpables han sido los brotes de violencia. En enero, indicó, han ocurrido dos riñas. En la última, uno de los agentes de la Policía Metropolitana condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002 recibió un golpe cuando intentó separar a los contendientes.
«En el Sebin se está viendo cierto hacinamiento con los presos comunes«, afirmó.
Recordó que anteriormente las celdas eran para uno o dos detenidos. Ahora, en esos mismos espacios pueden verse hasta 12 personas. Además, las oficinas adyacentes a estos calabozos han sido transformadas para incrementar la población reclusa.
«También cambió la forma como entramos. Ahora se comportan como si fuese una cárcel común. Nunca se entra a la hora«, indicó.
Además de los retardos para acceder a la instalación, se han detectado casos en los que las personas son recluidas allí, aunque sus nombres no figuran en la nómina de población interna. En consecuencia, no pueden recibir visitas.
Según Sandoval, todavía permanecen detenidas 88 personas por protestar o expresarse en contra del gobierno.
Secciones cerradas
En el internado militar de Los Teques también comenzaron a tomar medidas para prevenir problemas con los nuevos residentes.
Según Medina Roa, una de las primeras decisiones fue impedir el paso que antes existía entre las secciones destinadas a oficiales superiores, subalternos, tropas y civiles.
«Ya hay pequeños cambios de rutinas. Antes los militares tenían la posibilidad de subir a los pisos de otros militares, e incluso intercambiaban alimentos y otras cosas. Eso ya no se puede porque cierran las rejas», explicó.
Señaló que esta situación también la padecen en el anexo para miembros de la FANB en la cárcel de Santa Ana, Táchira. Dijo que los tribunales están enviando a esa instalación a los supuestos paramilitares que apresan en la región.
Cambio de rutinas
En los meses anteriores, las cárceles para presos políticos fueron usadas para albergar a detenidos por delitos comunes. El psicólogo Luis Alberto Morales purga en Ramo Verde la sentencia de treinta años de prisión por los homicidios de su mujer y sus hijos en una vivienda de Macaracuay. A esa cárcel también han enviado a individuos detenidos por secuestro. Según el abogado Alonso Medina, defensor de varios militares recluidos allí, esa decisión fue tomada por el nexo familiar del procesado con un integrante del Alto Mando Militar. Si antes eran individualidades, ahora comenzaron a recluir en esos internados a grupos completos pertenecientes a bandas criminales.
La cifra
160 detenidos permanecen en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede Helicoide. Otros 5 estarían en la sede de Plaza Venezuela. El manejo de la instalación compete al MRI.