Según un reportaje ofrecido por El Nacional, puede observarse como el pensar diferente en Venezuela puede traer más consecuencias de «las normales», y es que el informe refleja que actualmente hay 86 presos políticos en el país, de los cuales 40 se encuentran recluidos en el Sebin.
De este último grupo, 37 fueron apresados en el mandato de Maduro; 5 son mujeres y 9 son estudiantes. Se pueden encontrar vigilantes, amas de casa, personas mayores, estudiantes y tuiteros.
Si se sacara en promedio la edad de los presos de Maduro en el Sebin, sería de 30 años.
Los hermanos Otoniel, Rolando y Juan Bautista Guevara son los presos políticos más antiguos en los calabozos de la policía de inteligencia. De sus 10 años de prisión, 8 los han cumplido en el Helicoide. Son los únicos presos de Chávez que quedan en el Servicio de Inteligencia y fueron enjuiciados y condenados como los responsables materiales del asesinato del fiscal Danilo Anderson.
De más reciente data, pero igualmente conocidos para la opinión pública, son Lorent Saleh, Rosmit Mantilla, Ronny Navarro e Inés González (@inesitaterrible). Sin embargo, en las distintas sedes de la antigua Disip hay otros detenidos que resultan invisibles para la mayoría de la gente.
Una señora de más de 55 años con serios problemas de salud, un hombre con tubercolosis pulmonar, un vigilante de una ONG, un grupo de musulmanes y hasta una cosmetóloga figuran en la lista de presos políticos del gobierno.
El abogado y profesor universitario José Vicente Haro explicó su definición de políticos presos y de presos políticos: “Los primeros son personas que han hecho de la política su vida, que militan en partidos e incluso ejercen cargos de representación y que lamentablemente están presos por acción del Estado. Pero los presos políticos son los ciudadanos de a pie, gente que no milita en partidos y que simplemente decidieron ejercer sus derechos a la protesta, a la expresión, a la manifestación y fueron apresados y enjuiciados por eso”.
La abogada y directora de la Fundación para el Debido Proceso, Jaqueline Sandoval, considera que el número actual de presos políticos revela tres cosas sobre el gobierno: su inseguridad en el ejercicio del poder, su temor de que la sociedad se rebele contra sus malas políticas y su conciencia de que tienen menos respaldo.
LOS CASOS
Actas engavetadas. Douglas Morillo es estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Fue detenido en abril de 2014 y acusado por instigación, asociación y resistencia. Su audiencia preliminar se realizó en octubre. El Tribunal 27 de Control de Caracas dictó su pase a juicio, pero el acta que así lo indicaba estuvo engavetada en el despacho de la jueza, sin firmar, durante cinco meses. “Pusimos la denuncia ante inspectoría de tribunales. El inicio del juicio estuvo paralizado porque la jueza ni la secretaria firmaron el acta, lo cual es una grave irregularidad. Finalmente el 18 de marzo se asignó el Tribunal 13 de Juicio para esta causa. Tengo que decir que es consecuencia del suicidio de Rodolfo González. Por eso es por lo que deciden desengavetarlo”, dijo el abogado de Morillo, José Vicente Haro.
Una cosmetóloga. Carmen Gutiérrez tiene 34 años de edad, es cosmetóloga y trabajaba en una cadena de tiendas de salud intervenida por el gobierno en febrero. Es la esposa del teniente coronel José Gámez Bustamante, a quien el presidente Maduro denunció como conspirador. Lilia Camejo, abogada de Gutiérrez, sostiene que su defendida es inocente: “A ella se la llevaron en el allanamiento a su residencia porque aparentemente Gámez usó un teléfono que está a nombre de ella y por eso la acusaron de terrorismo y asociación para delinquir. No tiene ningún sentido”. La defensa apeló su detención y espera respuesta del Poder Judicial. La audiencia preliminar está fijada para el 1° de abril.
Un vigilante. El 1° de mayo de 2014 funcionarios del Sebin allanaron la ONG Un Mundo sin Mordaza e irrumpieron en la quinta contigua, sede de la ONG Humano y Libre. De allí se llevaron detenido a Yeimi Varela, vigilante de la quinta por 20 años. Varela está en la misma causa del hoy fallecido Rodolfo González y de los estudiantes Douglas Morillo y Renzo Prieto.
Una señora mayor. María Magaly Contreras es un ama de casa de 55 años de edad. Para octubre de 2014, cuando fue detenida por el Sebin, tenía 700 seguidores en su cuenta de Twitter, de acuerdo con información aportada por su abogado, Carlos González. “Ella fue detenida en medio de la ola contra los llamados videntes y que resultó con 9 tuiteros presos. Le imputaron intimidación e instigación porque la fiscal argumenta que sus mensajes generaron zozobra en la población. Pero en sus cuentas de Twitter y de Facebook no hay elementos que sustenten ese argumento. Para el momento de la detención tenía apenas 700 seguidores”, explica. Asegura que la denuncia en su contra provino de los denominados “patriotas cooperantes”.
Tribunal sin juez. Pablo Estrada fue detenido en julio 2014 junto con otras tres personas. La audiencia preliminar fue el 7 de noviembre y fueron pasados a juicio por los presuntos delitos de instigación y agavillamiento. El inicio del juicio estaba pautado para la primera semana de diciembre, pero la jueza 29 de Control de Caracas, Bárbara César, se postuló como magistrada al Tribunal Supremo de Justicia y resultó escogida por la Asamblea Nacional. En consecuencia, el tribunal quedó sin juez. Un informe del IVSS confirma que Estrada sufre de tuberculosis y tiene un absceso en el músculo de psoas desde 2012. La defensa denuncia que no se le ha permitido el traslado a la medicatura forense ni recibir tratamiento.
Los tuiteros. En el Sebin hay seis tuiteros presos. Aunque algunos abogados dudan sobre si los tuiteros son presos políticos, otros lo afirman sin cuestionamientos:
“Para saber si son presos políticos o no, lo primero es aclarar cuáles son los derechos que ejerce un tuitero: el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento y a la información. Esos son derechos políticos. Si la persona es detenida por ejercer un derecho político, debe considerarse preso político”, sostiene José Vicente Haro.
Los tuiteros presos son Leonel Sánchez, Inés González, Víctor Ugas, Lessy Marcano, Ginnete Guerrero y María Magaly Contreras.
Los trinitarios. El 19 de marzo de 2014 el Sebin allanó un hotel en Sabana Grande y detuvo a 19 personas: 2 eran funcionarios policiales venezolanos y el resto trinitarios musulmanes. 14 de los extranjeros fueron deportados y 5 imputados por terrorismo y asociación para delinquir y pasados a juicio junto con los dos funcionarios. Todos están en el Sebin. La semana pasada, Jack Warner, exministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, expresó su preocupación por la seguridad de sus connacionales ante rumores de que serían transferidos a una prisión común. Los extranjeros son Dominic Clive Pitilal, Andre Joseph Battersby, Asim Luqman, Charles Wade y Leslie Daisley; y los venezolanos, Rafael José Durán y José Gregorio Socorro.
De máxima seguridad
La abogada Jaqueline Sandoval afirma que el Sebin se ha convertido en una cárcel de máxima seguridad. “Allí dejan a los presos que el gobierno quiere resguardar más, los que políticamente tienen más peso para ellos. Ya no se le ve como una sede policial, sino como una cárcel de máxima seguridad. Lo convirtieron en cárcel política porque es el único lugar donde el gobierno puede garantizar la integridad física de personas que ellos saben que no son delincuentes, y al mismo tiempo pueden monitorear las 24 horas del día su actividad, visitas, lecturas, todo”, afirma.
Sumando a los presos políticos y a otros procesados por causas penales (caso Otaiza, Serra, corrupción, etc.) en el Sebin hay más de 100 personas detenidas actualmente, al punto de que puede decirse que en el Helicoide hay hacinamiento. Según Sandoval, antes de 2014 hubo momentos en que solo había 10 personas detenidas:
“Pero desde febrero de 2014 hasta el presente la población del Helicoide no baja de 100 personas. Ellos han tenido que desocupar oficinas y convertirlas en calabozos para cinco o seis personas”.
El Dato
En el Helicoide hay calabozos de 2×2 metros que anteriormente eran ocupados por una persona. Ahora hay literas para que puedan estar dos presos en cada calabozo. Además, han habilitado oficinas como reclusorios para seis personas. Abogados y exreclusos afirman que en el Helicoide ha habido hasta 110 personas presas.
Con información de El Nacional.