Ya sabemos que Cilia Flores, o la «primera combatiente» como la llaman dentro de las filas del chavismo-madurismo, fue inscrita como candidata a las futuras elecciones parlamentarias, pero lo que muchos quizás no se han puesto a pensar es lo que significaría como tal la presencia de la esposa del presidente de la República dentro de la Asamblea Nacional.
La Constitución venezolana no prohíbe expresamente su postulación, pero parece evidente el conflicto de intereses que se generaría en caso de que la esposa del presidente de Venezuela obtenga un escaño y sea nombrada —nada lo impide— presidenta del Parlamento. El principio constitucional de la separación de poderes quedaría de lado. Los máximos representantes de dos poderes públicos compartirían la misma cama.
Lo de la candidatura de Flores por una provincia de tradición chavista es un conflicto ético que apenas ha sido tomado en cuenta por la oposición.
Y es que hasta última hora los miembros de la Mesa de la Unidad, la coalición de partidos adversarios del gobierno, trabajaron resolviendo las disputas entre sus principales referentes por el reparto de las representaciones y por las inhabilitaciones administrativas, sin sentencia judicial firme, de sus principales dirigentes. La polémica más reseñada la mantuvo la defenestrada diputada María Corina Machado con el secretario general de la MUD, Jesús Torrealba.
Con información de El País.