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¡HAY QUE SABERLO! Activación de la Carta Democrática traería graves consecuencias para el país

La batalla entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional (AN) no solo tiene implicaciones políticas. De seguir el enfrentamiento, la disputa puede llegar a instancias internacionales que podrían promover sanciones económicas al Gobierno de Nicolás Maduro.

El portal El Pitazo, reseña que diputados y figuras de la oposición han denunciado que las recientes decisiones de la Sala Constitucional del TSJ, en contra de la autonomía y atribuciones del Parlamento local, evidencian la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

Créditos: AFP / Federico Parra

Créditos: AFP / Federico Parra

“En este choque de poderes el gran perdedor es el sistema democrático. El TSJ se está atribuyendo funciones supraconstitucionales que lo dejan muy mal parado ante los venezolanos y el mundo. Por eso algunos Diputados han dicho que se podría invocar la Carta Democrática Interamericana, mecanismo que activa la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando en uno de sus países miembros se produjera la interrupción del proceso institucional nacional”.

Así lo declaró Juan Francisco Contreras, presidente del colegio de internacionalistas de Venezuela, quien advirtió que “con la petición de un país o la del secretario general de la organización, se podría abrir un debate que podría horadar, aún más, la imagen del gobierno de Maduro”.

SANCIONES TAMBIÉN SON DE TIPO ECONÓMICO

Explicó que “en modo alguno es intervención, es una especie de sanción política, moral y hasta económica, pues si se determina que alguno de los poderes públicos de Venezuela atenta contra la democracia, el país puede quedar suspendido del sistema interamericano”.

Venezuela estaría temporalmente fuera de la OEA y no podría hacer negocios con sus países miembros, en especial con Estados Unidos, seguro comprador y vendedor de petróleo al Gobierno. Tampoco recibiría préstamos de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financia a obras para el sector público del continente. Y si alguna entidad internacional quiere prestar dinero al Gobierno, las tasas serían altísimas.

“Las sanciones económicas afectarían aún más a la población que sufre los rigores de la escasez en un país en donde no hay dinero suficiente para importar. El Gobierno se desprestigiaría mucho, pero el gran perdedor sería el pueblo venezolano”, dijo Contreras.

No obstante, el también profesor de la Universidad Central de Venezuela cree que si el tema llega a la OEA, “no creo que se aprueben sanciones porque en esa entidad hay gobiernos que no desearían que les activen la Carta Interamericana, en caso de conflictos que pongan en riesgo la estabilidad democrática interna”.

Indicó que para eventualmente suspender de la OEA a Venezuela, haría falta el voto afirmativo de las dos terceras partes de sus miembros. “Y una medida de tal naturaleza requiere el mayor consenso posible. El Gobierno bolivariano cada día pierde adeptos e influencia en la región y su liderazgo está en decadencia pero es difícil una postura unánime en los debates”.

Contreras enfatizó que “el sistema interamericano no cambia gobierno ni decide sobre el destino de un país. Son los actores políticos y el pueblo los que deben definir qué va a pasar con un gobierno antidemocrático. La Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que activará los mecanismos constitucionales para cesar el mandato de Maduro, esa es la ruta.

Finalmente, dijo que para la oposición sería un respaldo importante el hecho de que en la Asamblea General de la OEA se condene el comportamiento antidemocrático del TSJ o del Gobierno.



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