La ley protege a los trabajadores. Los empleados públicos que en pleno ejercicio de sus derechos firmaron para activar el revocatorio cuentan con instancias y normativas para defenderse de las retaliaciones del Gobierno.
El oficialismo ha posicionado en su discurso durante las últimas semanas amenazas contra los empleados públicos que firmaron en la primera etapa de activación del referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.
Foto: @amilcarespitia
Las más graves son aquellas que advierten con despedir al trabajador, ofreciendo repetir la historia de la famosa “Lista Tascón”; una realidad que ha sido desmentida por el ministro del Trabajo, Oswaldo Vera, alegando que en Venezuela no se despide por causa política.
José Vicente Haro, abogado constitucional, especialista en derechos humanos y presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, y Edwin Sambrano Vidal, abogado laboral y constitucionalista, presidente de la Asociación Americana de Juristas y asesor del presidente Hugo Chávez en esta materia; fueron consultados por El Pitazo sobre las medidas que pueden tomar los trabajadores en caso de hallarse bajo amenaza.
Tres vías legales que abrigan al trabajador:
Inspectorías del Trabajo
Según la ley, la protección inicial con la que cuenta el trabajador son las Inspectorías del Trabajo, el primer ente al que debería acudir. Sin embargo, Haro no recomienda esta instancia, mientras que para Sambrano hay todavía un paso anterior: la notificación de la situación al sindicato, en caso de no tenerlo, acudir a la inspectoría directamente.
Tribunal Laboral
El trabajador también podría acudir directamente a un Tribunal Laboral, ubicados en cada ciudad del país, y solicitar un amparo constitucional para que se le proceda y se le garantice su derecho al trabajo. “Siempre tienen que asistir al tribunal que corresponda al municipio donde se trabaja. Esa sería mi recomendación”, señaló Haro.
Esta opción cobra especial fuerza si la amenaza de despedido fue materializada por el patrono públicamente, con testigos, denominada por los abogados como una “adminiculación de pruebas”.
Tribunales de Municipio
Una tercera posibilidad de acuerdo a Haro, especialmente si se trata de casos masivos, es acudir a un tribunal de municipio “para la protección de sus derechos colectivos”.
No recomienda, en cambio, a los ciudadanos que acudan a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre esta materia porque “podrían voltear la tortilla”, por ejemplo, justificando la publicación digital de todas las rúbricas.