A última hora, cuando se vencía el plazo de los poderes especiales, el gobierno aprobó 33 leyes, a pesar de que tuvo un año para elaborarlas, consultarlas y ponerles el ejecútese. La Asamblea Nacional delegó a Miraflores, entre el 20 de noviembre de 2013 y el 20 de noviembre de este año, las atribuciones para legislar contra la corrupción y en materia económica, que suman al final 50 leyes, si se agregan las aprobadas a finales de 2013 y este año. La oposición cuestionó que el Parlamento cesara en sus funciones de hacer leyes y que los instrumentos jurídicos sirvieran para perseguir a adversarios políticos. Esos aspectos, a juicio del diputado de Un Nuevo Tiempo Elías Matta y la ONG Control Ciudadano, quedaron plasmados en las legislaciones habilitantes y constituyen una amenaza a las libertades públicas, especialmente contra quienes disientan del gobierno.
En previsión de cualquier desmán, Control Ciudadano emplazó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a declarar nulas “de forma parcial o total” las 50 leyes porque atentan contra la Constitución.
“El presidente de la República, Nicolás Maduro, sustentando en una guerra económica, puso en vigor un estado de emergencia permanente, sin cumplir con las formalidades previstas en el Título VIII de la Carta Magna, a la protección de la Constitución”, alerta la organización en un comunicado.
Las nuevas legislaciones, de acuerdo con Control Ciudadano, violarían garantías constitucionales como igualdad ante la ley; libertad personal; integridad personal, física, psíquica y moral; debido proceso y derecho a la información. “Ni siquiera en estado de guerra pueden suspenderse”, argumenta.
La ONG condena la aplicación de embargos sin autorización judicial, “propios de los estados de guerra declarados”.
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