El artículo 19 de la Constitución de la República establece que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, y el trabajo es una de ellas. Sin embargo, la realidad que vive el país es otra.
La persecución a funcionarios públicos que no comulguen con las políticas del régimen y se encuentren en puestos en la administración pública se acentuó en Nueva Esparta, donde la destitución de sus cargos es la “pena” a pagar.
Foto: El Sol de Margarita.
Durante un evento en homenaje al expresidente chileno Salvador Allende, el presidente del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta (Clebne), Junior Gómez, y el secretario general de Gobierno, Juan Millán, adelantaron algunas de las acciones tomadas para evitar que “manden los adecos y escuálidos” dentro de las instituciones públicas.
Gómez mencionó, durante su intervención en el Centro de Artes Omar Carreño, que ya al menos 120 trabajadores del Banco Bicentenario habían sido removidos de sus puestos de trabajo.
“No permitiremos que manden adecos y escuálidos. En los próximos días verán los resultados del trabajo realizado”, apuntó el presidente del Clebne. Mientras que el nuevo secretario de Gobierno, Juan Millán, adelantó que cuatro de cinco abogadas que trabajan en este despacho “van pa’ fuera” por no identificarse con las políticas del PSUV.
Estas acciones ya habían sido anunciadas por Diosdado Cabello, cuando el 11 de agosto pidió, en un acto de respaldo a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, identificar a los opositores que ocupan puestos de trabajo en instituciones públicas, así como alcaldías y la Gobernación.
Con información de El Sol de Margarita
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