El exmagistrado Román Duque Corredor, aseguró que la confesión del fiscal Franklin Nieves en cuanto al caso del opositor Leopoldo López donde afirma que se plantaron falsas evidencias, evidencia claramente el deterioro institucional del país, pues si él lo hizo, debía recibir órdenes e instrucciones directas de su superior, en este caso, Luisa Ortega Díaz.
“Las declaraciones de Nieves de que forjó pruebas contra López muestran el deterioro institucional del país. En una nación democrática y seria, si un fiscal arma un juicio con pruebas falsas tiene que poner su cargo a la orden y como se evidencia que recibía instrucciones del jefe superior, en este caso de la fiscal Ortega Díaz, el Parlamento y el Consejo Moral deben investigar la responsabilidad de sus miembros porque su conducta ética está en tela de juicio”, afirmó.
Crédito: El Impulso
En el campo jurídico y procesal señaló que el sistema de justicia violó el principio constitucional del debido proceso y la tutela de garantía efectiva al sentenciar con pruebas falsas, lo que implica sanciones contra el Ministerio Público y el tribunal. En consecuencia, por el Código Procesal Penal, López tiene que ser liberado.
“El Poder Judicial, en este caso la jueza Susana Barreiros, admitió pruebas falsas, lo que es algo grave y por ende Barreiros y Ortega Díaz tendrán que responder ante la justicia nacional e internacional por intimidación y persecución a la disidencia política. En Venezuela, los poderes planifican para condenar a la disidencia por lo que la confesión de Nieves debe llevarse a la Corte Penal de La Haya junto con otras que revelan cómo se criminaliza a la disidencia”, expuso Corredor.
Sin embargo, aclaró que Ortega Díaz no puede alegar que Nieves actuó a modo personal para así evadir su responsabilidad: “Aunque la Constitución dice que todo funcionario es responsable de sus actos, en el caso de López se violaron derechos humanos y la ética pública, por lo que Ortega Díaz debe renunciar. El silencio del gobierno preocupa porque pudieran preparar una estrategia para lavarse la cara nacional e internacionalmente. Si fuera un gobierno inteligente, la fiscal debe renunciar y someterse a una investigación”.
Alfredo Romero, director ejecutivo de Foro Penal, denunció que hay “responsables directos”:
“Es decir, personas que se visten provisionalmente de jueces o fiscales al servicio de otras personas en el poder para dictar fraudulentas decisiones judiciales que tienen el único objetivo de perseguir, encarcelar y torturar incluso a los políticamente inconvenientes”.
Romero describió las “consecuencias terribles” por las decisiones de tribunales y fiscales como Nieves: 78 encarceladas, más de 2.000 personas con restricciones a su libertad, 200 torturados y obligados a solicitar refugio por razones políticas.
“En definitiva, el sufrimiento que este esquema de jueces investidos de maldad, o sometidos a la maldad, ha ocasionado es terrible. Esta situación encuadra perfectamente en el concepto de persecución por motivos políticos, crimen de lesa humanidad de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma”.
Con información de El Nacional.