En enero tasa de inflación mensual en Venezuela entró en el territorio de los dos dígitos. O tal vez no. La afirmación apareció recientemente en un tweet de Henrique Capriles, un líder de la oposición.
Pero es difícil estar seguro, porque el Banco Central no ha publicado la tasa de inflación desde diciembre pasado. A medida que la economía entró en recesión, la escasez se propagó y aumentó la inflación (en 2014 fue cercana al 70%), el gobierno comenzó liberar los datos de manera selectiva.
Imagen de The Economist.
Los datos de la balanza de pagos, la producción industrial y el PIB no se han publicado desde hace seis meses o más. En la medida que se acerque la hora de las elecciones legislativas en Venezuela, que se deben realizar algún momento de este año, menos votantes sabrán acerca de la verdadera situación de su país.
El izquierdista régimen “bolivariano” de Venezuela, que está en el poder desde 1999, ha tenido bastante tiempo para hacerle la vida difícil a los medios de comunicación independientes. En 2007 el gobierno, entonces dirigido por Hugo Chávez, anunció su intención de consolidar su “hegemonía comunicacional”. Han negado licencias a emisoras de radio y televisión independientes, han restringido el suministro de papel para periódicos, impusieron multas a los medios de comunicación dirigidos por la oposición y promovieron compras de periódicos y emisoras por grupos vinculados al gobierno. Estas tácticas han funcionado (ver tabla). Los medios independientes llegan a pocas personas fuera de las principales ciudades del país.
Ahora las redes sociales, a las que muchos venezolanos se han volcado para obtener noticias, están bajo presión. Siete personas fueron detenidas el año pasado por lo que escribieron en Twitter; seis permanecen en la cárcel. El 26 de marzo, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, dijo que los medios sociales deben ser “regulados” para evitar la propagación de rumores.
Con Nicolás Maduro, quien sucedió a Chávez como presidente en 2013, el gobierno está complementando su implacable propaganda con la autocensura. El objetivo aparente es el esconder de los venezolanos las malas noticias que podrían debilitar su ya inestable fe en el régimen. El Ministerio de Salud, por ejemplo, no ha publicado el boletín epidemiológico semanal desde principios de noviembre, a pesar de los brotes simultáneos de tres enfermedades transmitidas por mosquitos. En mayo pasado Venezuela vio sus primeros casos de Chikungunya, una enfermedad de origen en África, que provoca fiebre muy alta y dolores articulares intensos. Tomaron las autoridades sanitarias cinco meses para declarar la Chikungunya una enfermedad de declaración obligatoria. El boletín más reciente sigue sin incluirla.
En noviembre, Héctor Rodríguez, vicepresidente para el desarrollo social, dio el número total de casos como 26.451 y dijo que la “curva de crecimiento” estaba “descendiendo”. Los especialistas de salud pública independientes dudan de la figura. Apuntan a un enorme aumento en los casos de “fiebre”, alcanzando un máximo en octubre de más de 200 mil semanal, siete veces la cantidad normal.
En el punto álgido de la epidemia de Chikungunya, médicos del estado Aragua, al oeste de Caracas, pidieron una declaratoria de emergencia en la salud para después de ocho pacientes con erupciones cutáneas y hemorragias murieron en un hospital regional. Negando cualquier causa común, el gobierno acusó al presidente de la asociación médica local, Ángel Sarmiento, de una “campaña terrorista” y ordenó su detención. El Dr. Sarmiento huyó del país. Según Rafael Orihuela, ex ministro de Salud, las muertes fueron causadas por “una forma grave de Chikungunya”.
La autocensura no se limita a las autoridades sanitarias. El Instituto Nacional de Estadística (INE) no ha publicado datos sobre la pobreza del año 2014. Nadie ha proporcionado cifras de producción de PDVSA, la empresa petrolera estatal, durante los últimos tres meses. Cuando los funcionarios explican su silencio, que no es a menudo, hablan de la necesidad de evitar la “manipulación política” de las estadísticas.
El año pasado, Espacio Público, una organización de derechos humanos, presentó 21 solicitudes de información a varias agencias del gobierno. Sólo una, la oficina de presupuesto, dio una respuesta. Junto con otras ONG, Espacio Público solicitó al Tribunal Supremo de Justicia, que responde al régimen, que obligara al Ministerio de Salud a responder. En agosto rama administrativa de la corte falló en contra de ellos. Dijo que las solicitudes de información sobre cuestiones tales como la disponibilidad de medicamentos o el funcionamiento de los servicios de salud “amenazan la eficacia y la eficiencia [de] la administración pública”, al obligar a los burócratas a dedicar tiempo y recursos para ellos. Los jueces reconocieron que el artículo 51 de la Constitución da a los individuos el derecho de solicitar información y obliga a los funcionarios encargados a proporcionarlos, pero procedieron a ignorar eso.
Esta semana, el portal de noticias La Patilla citó a “especialistas técnicos” del Banco Central, del Ministerio de Finanzas y del INE de acusar a estos organismos de participar en una “acción concertada… para destruir el sistema estadístico nacional” para disimular la gravedad de la crisis económica y social de Venezuela. Tamara Herrera, economista que en junio pasado co-firmó una carta abierta instando a las tres entidades a publicar los datos con precisión y a tiempo, dice que ellos tratan de ocultar toda la información negativa y “utilizar cualquier logro como propaganda”. Como cada gobernante autoritario, el Sr. Maduro sabe que la información es poder. Él espera que el silencio le ayudará a mantenerlo.
Original en The Economist / Traducción de La Patilla