8 de mayo, 10 de la mañana. Estas son la fecha y la hora en la que se celebrará la audiencia en la que la jueza 16 de Control de Caracas, Ralenis Tovar Guillén, deberá decidir si autoriza el enjuiciamiento del líder fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, por su presunta participación en los destrozos a la sede principal del Ministerio Público y la quema de seis patrullas policiales tras las marcha opositora del pasado 12 de febrero.
La información la suministraron fuentes judiciales, las cuales indicaron que la funcionaria también agendó para el 30 de abril la audiencia preliminar para los seis estudiantes detenidos por destruir las unidades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El acto debería celebrarse en el Palacio de Justicia de Caracas. Sin embargo, Juan Carlos Gutiérrez, uno de los abogados de López, teme que se realice en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques), como ya ocurrió con aquel donde se decidió mantenerlo detenido preventivamente.
Durante esta audiencia la jueza Tovar puede desestimar total o parcialmente la acusación contra el opositor. En el caso de hacerlo totalmente devolvería al caso al Ministerio Público para siga investigando y debería dejar en libertad condicional al exalcalde de Chacao.
En el supuesto de que la acepte totalmente entonces se mantendría su detención.
En el escrito que presentó el día 4 la Fiscalía acusó a López de estar incurso en los delitos de incendio, daño, instigación para delinquir y asociación.
Ilegalizar a VP
En Voluntad Popular, oficialmente, no sabían nada de la demanda que el Movimiento Tupamaro, uno de los aliados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), interpuso el miércoles ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para ilegalizarlos, bajo el argumento de que «más que un partido político se ha convertido en una asociación para delinquir».
María de los Angeles Huerta, una de las abogadas de la agrupación opositora, afirmó que no habían sido notificados de ninguna acción y desestimó la misma afirmando: «Según el artículo 34 de la Ley de Partidos Políticos solamente el Ejecutivo puede pedir al TSJ la ilegalización de un partido».
La petición oficialista se produjo luego de que el Ministerio Público, en su acusación contra López tachase al partido que fundó de «estructura criminal» cuyo «fin principal es la salida del poder del Presidente de la República» a cualquier costo.
El diputado de la tolda naranja, Juan Guaidó, rechazó tanto los señalamientos de la Fiscalía como la petición de los tupamaros y aseveró que la misma revela el miedo que las autoridades les tienen.
«Al régimen le molesta que Voluntad Popular sea la primera organización que eligió a todas sus autoridades a nivel nacional; le molesta al régimen que Leopoldo López le diera la cara al país y los invitara a luchar por el rescate de la democracia y hoy está preso en Ramo Verde, les molesta que ganamos 16 alcaldías que antes estaban en manos del PSUV ¿Es golpista un partido que llama a la calle de forma pacífica? No, somos un partido democrático que seguirá adelante, dando la cara y sin miedo. No nos van a disolver a la fuerza, porque tenemos la fe y la energía de un pueblo que quiere cambio», afirmó.
El secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo, también criticó las medidas contra el partido naranja y denunció que las mismas «intentan sabotear» el diálogo entre el Gobierno y la oposición.
Con información de: EL Universal.