Aparentemente los funcionarios de seguridad en Venezuela -no todos- están muy ocupados ocupándose de cubrir colas de alimentos en supermercados o incluso muchos de ellos «bachaqueando», esa sería una de las explicaciones para que la Policía Internacional (Interpol) esté trabajando directamente en el país para apresar a venezolanos en vez del Cicpc.
Por ejemplo, el miércoles 30 de septiembre una comisión de la Interpol detuvo a Jiuly Rojas Delgado, de 28 años de edad, funcionaria del Ministerio de Transporte Terrestre, solicitada por supuestos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y obtención fraudulenta de divisas.
Delgado es venezolana y para el momento en que fue apresada cumplía con su jornada laboral en el piso 2 del despacho ministerial. Los agentes de la Interpol actuaron basados en una orden de captura internacional, también conocida como notificación roja, emitida dos días antes por un juzgado de control de Caracas.
Ese mismo día, la Interpol capturó a la venezolana Kiara Carolina Bernal, de 27 años de edad, en un edificio de El Rosal. La orden correspondiente fue emitida por el Tribunal 33 de Control del área metropolitana, el mismo que pidió la captura de Rojas.
En ambos casos, las mujeres supuestamente obtuvieron dólares a tasa preferencial con el pretexto de hacerse tratamientos auditivos, lo que según el juzgado es una “causa falsa”.
Ambas actuaciones reflejan que los funcionarios de la Interpol están siendo utilizados para la ejecución de órdenes de captura contra venezolanos, emitidas por tribunales del país, una función que en el Cicpc tradicionalmente ejercen el Departamento de Aprehensión (antigua Capturas) y las distintas unidades en sus ámbitos de investigación.
Según Francisco Javier Gorriño, criminalista y ex funcionario de la policía judicial, la Interpol presta colaboración en el país cuando se trata de averiguaciones contra extranjeros. También participa en la ubicación y captura de estas personas en territorio nacional. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso del italiano Salvatore Miceli, alias el Canciller de la Cosa Nostra, apresado en 2009 con la cooperación de ese despacho en un hotel de Sabana Grande.
Los agentes de Interpol, según Gorriño, no deberían ser utilizados para apresar a venezolanos en el país.
“Eso podría obedecer a un asunto de complacencia política por parte de los jefes de este despacho, pero no debería ser”, afirmó.
Otros venezolanos han sido incorporados recientemente a la lista de difusión roja de la Interpol. Uno es Juvenal Antonio Bravo, «El Picure» de 25 años de edad, quien lidera la principal banda de secuestradores de Guárico, según la GNB.
Los agentes internacionales, sin embargo, aún no han actuado para capturarlo.
Con información de El Nacional.