Tanto ha sido el discurso de «guerra económica» del Gobierno que se le ha cumplido en parte. Venezuela está al nivel de Irak y Siria en cuanto al riesgo de invertir en el país.
El mismo que Siria, un país «envuelto en una violenta guerra civil». Ése es el riesgo que presenta Venezuela para los inversores que quieran emprender un negocio o que ya estén presentes en esta nación, tal y como evidencia el mapa de los riesgos políticos 2016 elaborado por Aon.
Créditos: Miguel Gutiérrez / THE WALL STREET
El trabajo, que esta compañía de gestión de riesgos y seguros lleva 19 años realizando, analiza 162 mercados emergentes y señala los países más problemáticos para las empresas, entre los que también están «estados fallidos» como Somalia, «regímenes opacos» como Corea del Norte, o naciones con «riesgo extremo de violencia» como Afganistán.
Todas ellas, por lo tanto, tienen el mismo nivel de inseguridad, inestabilidad e incertidumbre que el país que preside Nicolás Maduro y en el que la presencia de compañías españolas es muy extensa: Telefónica, BBVA, Mapfre o Repsol, entre otras, están allí, y todas ellas han sufrido ya las consecuencias de las sucesivas devaluaciones del bolívar, reseñó El Mundo.
Precisamente el de las divisas es uno de los seis apartados que se analizan en el informe y que, en todos los casos, arrojan la peor calificación posible cuando se trata de la República Bolivariana de Venezuela. Así, la única nación americana en la lista de países con un riesgo político muy alto suspende en la parte legal y regulatoria, en los problemas derivados del intervencionismo político, la violencia, la posible interrupción de la cadena de suministros y el riesgo a un impacto soberano.
De hecho, sólo la mencionada Somalia y Sudán del Sur tienen una mayor probabilidad de impago soberano, tal y como muestra el mapa. En concreto, ambas naciones africanas presentan más de un 6% de posibilidades de incurrir en un default, mientras que en Venezuela la cifra sobrepasa el 4%. Asimismo, la nación sudamericana destaca también en las probabilidades de que su Ejecutivo lleve a cabo una confiscación o expropiación con un 1,3%, cifra que está en línea con las que presenta Guinea-Bissau o Chad.