Al rededor de 10.500 médicos venezolanos han migrado a Panamá, Estados Unidos, Centroamérica o Europa, en búsqueda de mejores oportunidades y mejores condiciones para su desempeño profesional.
La información fue dada a conocer por Aníbal Cruz, presidente de la Federación Médica Boliviana durante el foro Migración voluntaria y forzada de los médicos latinoamericanos, organizado por la Federación Médica Venezolana.
La Asociación Médica Mundial señaló en 2006 que las migraciones de los médicos son muy importantes para el avance de la medicina, por el intercambio de experiencias que mejoran el ejercicio profesional. Sin embargo, lo que ocurre en Venezuela, Brasil o Bolivia indica que hay inequidades muy profundas en la repartición del recurso humano entre las zonas rurales o urbanas, apuntó Cruz.
El también segundo vicepresidente de la Confederación Médica Latinoamericana, indicó que la medicina en la región se caracteriza por la baja inversión en el recurso humano, la poca dotación de equipos e insumos, la formación inadecuada de los profesionales y la judicialización del ejercicio.
Hay un supermercado de nuevas leyes que tratan de ponerles más penas a los médicos que a los delincuentes. Entonces llega a temerse que, por salvar la vida de un paciente, uno se convierta en criminal. La medicina se vuelve defensiva, cuando en realidad jamás trabajamos con dolor, aseveró.
Criticó que la realidad social latinoamericana facilite la migración forzada de los médicos, quienes muchas veces terminan trasladándose a países receptores, donde es explotada su mano de obra.
Es lamentable que nuestros países se hagan exportadores de médicos, opinó Cruz, quien cree que esta tendencia podría revertirse si los gobiernos de la región invirtiesen en políticas de retención de sus profesionales: mejoraran el salario, ofrecieran mejores condiciones de trabajo y dotaran a los médicos de equipo e insumos para sus labores.
Jeancarlos Calcalcante, invitado de Brasil, dijo por su parte que toda irregularidad en el ejercicio debe ser denunciada ante las autoridades competentes y la opinión pública, a pesar de las amenazas que puedan recibir por ello.
Con información de El Nacional.