La votación a favor de una reunión especial para tratar el tema fronterizo entre Colombia y Venezuela en la Organización de Estados Americanos no resultó y faltó sólo un voto para que esto se diera, sin embargo, a partir de este momento Colombia ha intensificado sus acciones en el exterior al tiempo en que promete llevar la situación a todas las instancias internacionales posibles, para demostrar las violaciones a los derechos humanos que se dan en la frontera tras la decisión de Nicolás Maduro de cerrar este paso común.
Un ejemplo de que ya están dando resultados los esfuerzos de Colombia, es que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, visitará la frontera este sábado. Además ya existen varias solicitudes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Venezuela ha dicho abiertamente, a través de su embajador ante la OEA, Roy Chaderton, que no quiere que esta crisis llegue a los organismos internacionales y que prefiere abordarla de manera bilateral, «en familia».
Ante esta postura de Venezuela y tras la derrota sufrida en la OEA, Colombia ha redoblado su actividad en el exterior para demostrar a Caracas que se va a hablar sí o sí de esta crisis, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.
Bogotá tiene puestas muchas esperanzas en la visita de Almagro a la zona fronteriza este sábado día 5 de septiembre a invitación del alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Paris Lobo. En los pasillos de la OEA se hablaba este miércoles del poder que tendrá esa fotografía.
Almagro, que había mantenido un silencio cauto hasta ahora, emitió su pronunciamiento más extenso acerca de la crisis entre Venezuela y Colombia en la nota con la que anunció su visita a la frontera.
El secretario general «hizo suyo» el comunicado que emitió la CIDH el 27 de agosto, en el que el organismo urgió a Venezuela a detener de manera inmediata «cualquier expulsión colectiva, arbitraria o sumaria» de colombianos y a «abstenerse de adoptar cualquier medida tendente a destruir» sus propiedades.
Venezuela sí aceptó, sin embargo, que el tema se aborde en una reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), encuentro que ahora rechaza Colombia tras aplazarse del 3 al 8 de septiembre.
Agotadas esas instancias, la OEA y Unasur, y al margen de la denuncia que pueda llevarse ante la Corte Penal Internacional (CPI), Colombia acudirá por medio de su canciller, María Ángela Holguín, la próxima semana ante el presidente de la CIDH y organismos de Naciones Unidas.
Con información de Diario Las Américas.