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¡MANDA EL HAMPA! Crecen las extorsiones Venezuela: Otro golpe para comerciantes en el país

Un inmigrante portugués, que hace 25 años abrió su comercio en una zona industrial en Caracas, guarda cada semana fajos de billetes en una bolsa negra, a la espera de una llamada, reseña Reuters.

Del otro lado de la línea, una voz juvenil le pregunta si va a pagar y, en minutos, un motorista pasa a recoger los 5.000 bolívares (un poco menos que el salario mínimo mensual) que le cobra una banda criminal desde hace un año por no volver a atacar a tiros su venta de materiales de construcción.

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“Me negué la primera vez que llamaron y un viernes amaneció la santamaría (cortina de acero) del negocio tiroteada. Otro día pasaron en moto disparando a media mañana”, contó el comerciante.

“Aquí todos pagan. El que diga que no paga, miente”.

Autoridades y empresarios reconocen que la extorsión es un delito en auge en Venezuela, y que se está propagando desde las zonas fronterizas azotadas por el contrabando y las bandas criminales hasta las principales ciudades del país.

Para el Gobierno de Nicolás Maduro, es un delito importado por paramilitares colombianos. Los comerciantes, en cambio, creen que es otra muestra de que la extendida impunidad sigue avivando el crimen en uno de los países más violentos del continente.

Y el problema no es sólo de seguridad; corre el riesgo de perturbar aún más la economía en recesión porque muchos de los empresarios terminan incluyendo estos gastos en los precios finales, echando leña a la inflación más alta de América.

“Esto que pago va en los precios”, confesó el minorista, quien pidió proteger su identidad y que cada mes destina a la “vacuna” unos 100 dólares, o cerca de 20.000 bolívares calculados a la tasa de cambio oficial más alta. El equivalente a tener un trabajador más en la nómina.

Aunque es difícil medir la dimensión real de la extorsión, el año pasado la fiscalía concluyó 215 investigaciones por extorsión y secuestro, un salto frente a las 82 del 2013. No hay cifras disponibles para este año.

Con todo, organizaciones no gubernamentales calculan que los números son mucho más elevados.

Una encuesta hecha por el Observatorio Venezolano del Delito Organizado con el auspicio de la Unión Europea, reveló que la extorsión está “muy presente” para 34 por ciento de los 3.500 hogares urbanos consultados entre julio y agosto y “más o menos presente” en la zona donde vive otro 29 por ciento.

Hace dos años, sólo una cuarta parte de los entrevistados dijo tener conocimiento de casos de extorsión cerca de su casa.

“Eso es paramilitarismo. Y está no sólo aquí (en el fronterizo estado Apure), sino en Caracas también. No cerremos los ojos”, dijo hace unos días el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, justificando la decisión de Maduro de cerrar varios pasos en la frontera con Colombia.

Las autoridades de Venezuela han movilizado gran parte de su fuerza militar y policial a las barriadas, buscando desmantelar bandas que expertos describen como pequeños ejércitos con armas de guerra y muy coordinados entre ellos.

GASOLINA PARA LOS PRECIOS

Empresarios consultados por Reuters, que pidieron no revelar su identidad, admitieron que disfrazan los recurrentes pagos por extorsión como gastos operativos en su contabilidad para proteger sus ganancias y esquivar las regulaciones del gobierno socialista, que supervisa sus costos.

Por temores a represalias y a que los criminales terminen sin castigo, muchos comerciantes no denuncian los chantajes.

“No dejas de pagar impuestos, y además cancelas este impuesto adicional”, afirmó Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio de Caracas. “La inseguridad incrementa el costo y el precio de los productos”, agregó en su oficina.

Un 20 por ciento de los 400 miembros de la Cámara cerró sus negocios el año pasado por un cóctel de recesión e inseguridad.

El ministerio de Interior y Justicia no respondió a los pedidos de comentarios hechos por Reuters.

Después de que en septiembre unos motoristas lanzaron una granada en una zapatería cerca de la frontera con Colombia, Alberto Quintero, dueño de un local de pinturas de una ciudad cercana, admitió que él también recibe amenazas intermitentes.

La última vez que pagó 30.000 bolívares fue hace seis meses.

“Vivimos en un estado de zozobra. A veces uno acude a la policía, pero ni siquiera vienen”, dijo.

Por Corina Pons / Reuters.



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