La exparlamentaria y líder del movimiento opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró desde el estado Cojedes que el objetivo del gobierno nacional con el cierre de la frontera colombo-venezolana, no es más que el de aumentar el control social y la militarización de todos los espacios del país, aislando y humillando a los venezolanos.
Asimismo, aseguró que es «contradictorio hablar de paz» cuando se militariza y se violan derechos humanos fundamentales.
“Con el cierre de la frontera con Colombia y el Estado de Excepción en los municipios fronterizos, el régimen no ha logrado solucionar el drama de la escasez; en realidad, nunca fue ese su propósito. Lo único que han logrado es avanzar en el control social y la militarización de todos los espacios. Y es ese avance el que se pretende ahora continuar, extendiendo el Estado de Excepción hasta Amazonas”, expresó la diputada.
Y añadió: “Las fronteras no se construyen con tropas. Es contradictorio hablar de paz, cuando se militariza. Para tener una frontera próspera, venezolanos y colombianos debemos trabajar juntos, con instituciones permanentes entre ambas naciones. No habrá paz en la frontera mientras ahí, como en el resto del país, se ataca, se expropia y se roba a empresarios y trabajadores honestos”.
Asimismo, Machado denunció la publicación este martes del Decreto N° 504/2015, de la Gobernación del estado Cojedes (en el centro-norte del país), que autoriza la expropiación de los bienes muebles e inmuebles de 13 minas esa entidad, para que “el estado [sic] garantice el suministro de materiales y sus agregados para la ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela”.
Hace dos meses, la Guardia Nacional intervino las 27 minas del estado Cojedes, obligando a sus dueños a entregar el 60% de la producción. De esos 27, 13 productores (de las únicas 13 minas que estaban operativas) no firmaron el acuerdo, por lo que sus propiedades fueron intervenidas a la fuerza, a punta de sopletes y patas de cabra, el pasado 17 de septiembre.
Este martes 22, cinco días después, fue cuando la Gobernación de Cojedes publicó el decreto en un periódico, pero con fecha del 10 de septiembre. Todo, “para justificar la previa apropiación indebida de las propiedades, que fueron desvalijadas y destruidas”, según refirió María Corina, basada en denuncias de vecinos de la zona.
A juicio de Machado, la ocupación de esas 13 minas representa un robo, puesto que “el Estado no puede ocupar, ni invadir, ni expropiar, sin cumplir los supuestos y procedimientos regulares y mucho menos desposeer a los dueños sin antes haberles indemnizado”.
Asimismo, subrayó que la excusa de que la ocupación garantizará “el seguro suministro de materiales para la construcción y sus agregados”, como establece el decreto, “solo pretende justificar una nueva acción en contra del derecho a la propiedad y, en definitiva, de los derechos humanos de venezolanos; favoreciendo a las mafias que controlan, en este caso, la distribución de minerales no metálicos”.
“La crisis humanitaria; la escasez de todos los alimentos, medicinas, insumos y demás bienes, es producto de estas políticas criminales de robo y destrucción por parte del Estado y las fuerzas públicas. Pero cada día más venezolanos estamos dispuestos a alzar nuestra voz contra estos atropellos, como ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando los mismos productores y trabajadores de las minas, salieron a la calle a exigir el respeto a sus derechos”, aseveró la parlamentaria.
Y finalizó: “Hoy hay todo un país en la calle, que grita: No más expropiaciones, no más escasez, no más Maduro. Porque queremos un país de propietarios, de emprendedores y de superación. Sabemos que este clamor es el primer paso a la libertad”.
Con información de La Patilla.