Este miércoles dirigentes del chavismo denunciaron al presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza y el economista Ricardo Hausmann ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), colocando como prueba la grabación realizada de una conversación entre los acusados, reseña El Venezolano.
Todo comenzó la semana pasada, el presidente de la AN, Diosdado Cabello, difundió en su programa semanal una grabación ilegal de una conversación telefónica que había sostenido Mendoza con el exministro y economista venezolano, Ricardo Hausmann, sobre la crisis económica y un eventual financiamiento del FMI. A partir de allí, se desató una furia roja contra el principal empresario de alimentos del país.
Abogados y economistas venezolanos coinciden que efectivamente hubo un delito, pero no ejecutado por Lorenzo Mendoza sino por el gobierno venezolano al grabar y divulgar una llamada privada, de la que por cierto no han explicado como se obtuvo, reseña Sumarium.
El abogado José Luis Tamayo sentenció que “con un delito no se puede comenzar una investigación penal”.
El experto en espionaje telefónico recalcó que la grabación difundida es “fraudulenta y arbitraria”.
“Lorenzo Mendoza está haciendo uso de un derecho que tiene de hablar con otra persona en relación a los problemas del país. Esto no tiene ningún sentido, al contrario, el Gobierno y los poderes públicos están utilizando una prueba completamente ilegal”, dijo a Sumarium la abogada y exmagistrada de la República, Cecilia Sosa Gómez.
Sosa remarcó que el empresario es el “único” que produce alimentos en la nación, la cual sufre una intensa crisis económica, escasez de productos básicos y caída en los precios petroleros.
En tal sentido, aclaró que en la legislación venezolana no está reseñado como delito el término usado por los chavistas de “vender la patria”, pero el de “traición a la patria” sí, aunque está enmarcado en unos “parámetros que no tienen nada que ver” con el caso de la llamada de Mendoza y Hausmann.
Con estas declaraciones concordó el abogado y profesor de la Ucab y UCV, Gustavo Briceño. Indicó que en la conversación no se hizo mención alguna a una actividad de carácter delictual.
“Simplemente están haciendo ejercicio normal de la libertad de expresión, pensamiento y comunicación sobre los problemas graves que tiene Venezuela a nivel económico. Yo considero que es grave grabar conversaciones sin la autorización de un juez y eso sí es delito y penado por las leyes y códigos penales”, declaró el jurista.
Asimismo, explicó que, si se diera el caso, la imputación a Lorenzo Mendoza “no tendría desde el punto de vista jurídico, ningún tipo de viabilidad y efectividad constitucional”.
«Traición a la patria es otra cosa, es dar dinero público a gobiernos distintos a este (…) En ningún momento Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann violaron la Constitución. No hay elementos delictuales”, insistió.
La constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la privacidad en la vida de los venezolanos como un derecho fundamental.