El gobierno utiliza la Ley Orgánica del Trabajo como su bandera para convencer a los trabajadores de que defiende sus derechos, sin embargo su gestión como patrono justo deja mucho que desear, manifestaron fuentes del sector laboral. “Hay un millón de empleados públicos contratados y otros en cooperativas y empresas de producción social en condiciones de tercerización, la cual es prohibida por la Ley del Trabajo”, afirmó Pedro Arturo Moreno, directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela.
Fernando Barrientos, abogado laboral y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, mencionó el incumplimiento gubernamental de las contrataciones colectivas vigentes y la firma de nuevos contratos que desmejoran las condiciones de los trabajadores.
Los observadores del mundo del trabajo coinciden en que hay una duplicidad con la ley en lo que a prohibición de despidos se refiere y a los decretos presidenciales de inamovilidad laboral, que lleva 12 años y aumentará a 15 con el anuncio del presidente Nicolás Maduro de prorrogar la inamovilidad entre 2016 y 2019.
Pablo Castro, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, dijo que la prolongada inamovilidad no se ha traducido en más empleos. Señaló que “en una recesión económica que no para han cerrado total o temporalmente muchas fábricas debido a la falta de materias primas y a la ceguera del gobierno de no querer dar divisas a las empresas para que puedan producir”. Indicó que la inamovilidad no se aplica en el sector público, donde miles de trabajadores han sido despedidos por pensar diferente.
No obstante, Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, respaldó la prórroga de la inamovilidad y aseveró que la central bolivariana no avalará reformas de la Ley Orgánica del Trabajo, vigente desde mayo de 2012, si llegaran a ser discutidas en la nueva Asamblea Nacional.
Las fuentes consultadas aseguraron que el gobierno viola casi toda la legislación laboral, y destacan:
1. Tercerización. Los artículos 47 y 48 de la LOT la prohíben por ser un mecanismo de simulación o fraude laboral. En su disposición final primera, la legislación dio un plazo de tres años (hasta el 7 de mayo de 2015) para que los patronos públicos y privados pasen a sus nóminas fijas a los tercerizados. Sin embargo, Pedro Arturo Moreno, indicó que hay un millón de esos trabajadores bajo contratos dudosos en la administración pública, en cooperativas y en empresas de producción social en el sector petrolero, eléctrico y empresas básicas. En el Ministerio de Educación, gobernaciones y alcaldías 200.000 maestros interinos con años de servicio esperan ser incluidos en la nómina fija.
2. Pago de prestaciones sociales al término de la relación laboral. La ley establece en la letra f del artículo 142 que el patrono debe cancelar esta obligación dentro de los 5 días siguientes a la salida del trabajador. León Arismendi, abogado laboral y profesor de la UCV, dijo que en la administración pública ese proceso se tarda mucho, al punto de que empleados esperan más de cinco años y cuando les pagan no le reconocen los intereses moratorios, también señalados en la normativa legal.
3. Contratación colectiva. El artículo 16 de la ley establece el respeto de la República a los acuerdos internacionales como el convenio 98 de la Organización del Trabajo sobre la contratación colectiva. Fernando Barrientos apuntó que el gobierno incumple las convenciones colectivas vigentes y retrasa la discusión de las nuevas como la del sector público, firmada hace unas semanas luego de diez años de mora y, además, les escatimaron beneficios socioeconómicos a los trabajadores. También desconoce los sindicatos independientes a la hora de negociar los contratos colectivos.
4. No discriminación. El artículo 21 dispone que la discriminación y la exclusión por sindicalización y opiniones políticas son contrarias a la Ley Orgánica del Trabajo. Pablo Castro indicó que la persecución y despidos en los organismos y empresas del Estado están a la orden del día para quienes piensen distinto. Alertó que actualmente hay una cacería de brujas contra quienes votaron por la oposición en las elecciones del 6-D.
5. Horas extraordinarias. Los empleados públicos llevan la peor parte en el reconocimiento del pago de las horas laboradas fuera del horario normal de trabajo establecido en el capítulo VI sobre la jornada de trabajo. Moreno agregó que bajo la figura del trabajo voluntario los funcionarios son obligados a laborar tiempo extra sin que les reconozcan el pago.
Información de El Nacional.