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¡OTRO ENGAÑO MÁS! Las bolsas que reparten los CLAP no resolverán la crisis alimentaria

¡Un pañito de agua tibia! Las bolsas de alimentos que reparten los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) no servirán para acabar con la escasez, como lo prometió el presidente Nicolás Maduro, aseguran especialistas. 

Susana Raffalli, nutricionista experta en seguridad alimentaria en situaciones de emergencia y desastre, y Tomás Socías, analista agroalimentario, advierten que los CLAP no son un sistema de abastecimiento alimentario, sino un mecanismo “arbitrario y discriminatorio con el que el gobierno ejerce control político”, reseña El Nacional.

Foto: EFE

Foto: EFE

Socías destaca que el problema de fondo no es la distribución de la comida, sino la producción y la destrucción del aparato productivo nacional.

Considera que la demora en la toma de decisiones por el Ejecutivo como el ajuste de precios y el otorgamiento de divisas para matera prima acelerarán más la escasez.

“Los CLAP no tendrán qué vender en las bolsas, debido a que no se está importando alimentos por falta de dólares ni tampoco produciendo”.

A su juicio, los comités no tienen experticia en distribución de alimentos ni logística, además de que se propicia la corrupción y el desvío discrecional de los productos. Afirma que el gobierno ha demostrado su incompetencia en la distribución de bienes de la cesta básica con el manejo de la ahora “destruida y quebrada red pública de alimentos”, que incluye Mercal, Pdval, Abastos Bicentenarios, los mercados a cielo abierto y las bodegas comunales.

“Ahora que se ha derrumbado la red pública por la mala gerencia y el derroche de las divisas, aparecen los CLAP. El gobierno evade la responsabilidad y le pasa el poder al pueblo cuando ya no hay recursos”, agrega.

Raffalli señala que la incompetencia del Ejecutivo para manejar el problema alimentario y la ausencia de productos prioritarios de los anaqueles trajo como consecuencia la violencia, “que se ha exacerbado con el desvío de los alimentos hacia la rosca de los CLAP”. La especialista considera que Venezuela “tocó fondo”. Explica que cuando la crisis alimentaria se expresa con desorden público y saqueos es evidencia de que la situación se le salió de las manos al gobierno.

Delito alimentario

Susana Raffalli asegura que el gobierno incurre en un delito alimentario al vulnerar el artículo 305 de la Constitución, que establece:

“El Estado garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento”.

La especialista afirmó que el Ejecutivo también viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 3 de enero de 1976 y del cual el país es parte. Indicó que Venezuela, como Estado signatario, está comprometido a cumplir obligaciones y principios, respetando el derecho fundamental de toda persona de estar protegida contra el hambre. Sin embargo, todos los ha vulnerado.

Precisa que se incumple el derecho a la participación, debido a que los ciudadanos no escogieron que deseaban recibir alimentos de los CLAP ni el contenido de las bolsas. Tampoco seleccionaron el día que las van a repartir y ni a quién se las repartirán.

También vulnera, de acuerdo con Raffalli, el derecho a la no discriminación porque hay que inscribirse en un consejo comunal del PSUV para ser beneficiario de una bolsa. No se respeta la autodeterminación, pues el gobierno desplaza la libertad del consumidor y establece por su cuenta lo que va a comer.

Agrega que se irrespeta el derecho a la dignidad, que se refiere a que el individuo se alimente a sí mismo y no que sea alimentado, y se incumple con la transparencia. “Los CLAP no se pueden auditar porque no llevan un sistema de cuentas transparente. No hay reglas de funcionamiento ni metas de cobertura². Considera que se quebranta el Estado de Derecho, debido a que el control político desplaza al control ciudadano”.

DULCE MARÍA RODRÍGUEZ / El Nacional.



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