La ley no aplica para enchufados. Un juez fue destituido por intentar hacer justicia en un caso de invasión de terrenos en Barinas, el cual involucraba a un sobrino de Adán Chávez, gobernador de la entidad.
Se llama Nicola Lamartino y durante 16 años se desempeñó como Fiscal del Ministerio Público. Su última decisión le ha costado el cargo. Lamartino, descrito como un hombre discreto e íntegro, y conocido en el estado Barinas como un instructor de fiscales, había decidido detener una invasión a la Escuela Técnica Agronómica Salesiana San José dictando medidas que resguardaran tanto el patrimonio de una institución modelo para los barineses como el ambiente. Pero en el camino se cruzó con el apellido Chávez, que significa mucho en Venezuela, pero especialmente en esa provincia.
Foto: adanchavez.psuv.org.ve
Ahora Lamartino ha sido destituido de su cargo por la fiscal general Luisa Ortega Díaz y Francisco Chávez, director de Desarrollo Social de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quien es sobrino del fallecido presidente Hugo Chávez y del gobernador del estado Barinas Adán Chávez, y que está en libertad plena después de que se le detuviera en flagrancia por comandar la toma ilegal de los terrenos de la escuela junto a otras once personas, que deben presentarse periódicamente ante el tribunal que lleva la causa.
Pero antes de que se tropezara con ese nombre Lamartino pensaba que tenía no solo la ley de su lado, sino el respaldo político del Gobierno regional. En febrero de 2011 el gobernador Adán Chávez anunció en su programa de radio la firma de un decreto -número 020- que ratificaba una directiva anterior que prohibía la invasión de predios urbanos y rurales en toda la provincia, reseñó Armando Info.
Al mismo tiempo, Chávez daba a entender que atendería todas las tentativas frustradas a través de una Comisión de Manejo de Conflictos. Advirtió entonces: “toda persona que ocupe terrenos, edificios desocupados, predios urbanos, rurales o habitaciones está violentando la Ley y la Constitución”. “La persona que necesite tierra para cultivar debe denunciar el terreno como ocioso ante el Estado que luego tomará una decisión”.
Lamartino actuó como en otros casos: acompañado por la Policía del estado Barinas, otros expertos y el personal docente de la institución se presentó en el sitio a comprobar el supuesto daño ambiental denunciado por los Salesianos y vio cómo un grupo de doce personas armaban dormitorios improvisados en medio de la sabana. A los alumnos les tocaba compartir sus labores con el desorden propio de las tomas aluvionales y de las jerarquías que se establecen. En el lance los invasores habían destruido bosques naturales, 17 hectáreas de plantación y la zona proyectora del caño Morrocoy.
De acuerdo con la acusación, Francisco Chávez utilizaba vehículos rotulados con el logo de Corpoelec para movilizar a los invasores. Lamartino no cedió a las presiones: entre el 5 y el 6 de febrero lo llamaron, según fuentes versadas en la investigación, desde la oficina de la Secretaría General de Gobierno del estado Barinas, en nombre de la Presidencia del Circuito Judicial de la entidad y del Comandante de la Policía del estado Barinas.
El fiscal decidió continuar con el procedimiento. Al día siguiente presentaron a los invasores ante el tribunal para que el juez decidiera si éstos debían seguir en libertad, mientras esperaban la audiencia preliminar, o se mantenían tras las rejas alegando peligro de fuga.
A Francisco Chávez le dieron libertad plena y a los otros once los dejaron bajo régimen de presentación.