La actual situación económica del país, además de las políticas del Estado venezolano en relación a este tema, han disparado los precios en diversos mercados, y el inmobiliario no escapa a esta realidad. Los precios que exigen los propietarios de casas, apartamentos, locales, terrenos, entre otros, han sufrido un repunte de hasta 100% con respecto al mismo bien en apenas un año. La versión oficial sobre dicho aumento apunta a una especulación por parte de los encargados de ofertar el inmueble. Sin embargo, quienes pertenecen al ramo, alegan diferentes variables y, principalmente, entienden que se trata de la ley del mercado sobre la oferta y demanda.
Shoymei Lau, presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, recordó que el tema económico no es «rígido», por lo cual observa difícil la intención del Gobierno nacional de controlar el precio de los bienes residenciales. Por el contrario, es la intención por parte del sector oficial, convertida en leyes, la que ha facilitado la distorsión actual de los precios. «Hay leyes propuestas por el Gobierno que asfixian al inversionista privado y no lo incentiva a realizar nuevos proyectos», explica, sobre los complejos residenciales nuevos que se construyen en el país.
Además, Lau indicó que cuando una familia, por la razón que sea, desea vender una propiedad para comprarse otra, verifica los precios de las propiedades a las que aspira, y, en función de estas variables coloca un precio al antiguo bien. Esto supone «un círculo vicioso” que redunda en el incremento de los precios.
Por su parte, Francisco Mendoza, representante de la Cámara de la Construcción, explicó que las políticas económicas oficiales han derivado en variables que condicionan la construcción de nuevos proyectos y esto, por ende, modifica los precios de los bienes ya construidos. Entre las variables mencionadas señaló la falta de materiales, los inconvenientes laborales con sindicatos, la falta del financiamiento bancario, además del índice inflacionario y los permisos como algunas características que desajustan al mercado que ofrece residencias.
Aunque coincide con las declaraciones de Lau sobre la imposición de la oferta y demanda como la que determina el precio de los bienes, sí señaló una posible especulación como factor que incide en algunos precios. De cualquier forma, explicó que existe una tabla de valorización que aporta los registros de los precios de algunas propiedades que se han comercializado y vendido en los últimos 6 meses en una zona específica, dependiendo de sus particulares características. Sobre esta base, tanto vendedor como comprador, pudieran llegar a un acuerdo sobre la venta del bien.
Por su parte, Roberto Orta, representante de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), encargada de velar por los derechos de los dueños de estos inmuebles, indicó que el impacto inflacionario que afecta a todos los extractos de la sociedad venezolana y condiciona el precio de los materiales de construcción, además de la escasez en la oferta de bienes para arrendar a consecuencia de la ley de arrendamiento, y la ley de estafa inmobiliaria que fijó los precios de los proyectos nuevos por debajo de los gastos de construcción, determina la poca oferta de residencias. Orta recordó las cifras oficiales del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que sitúan el déficit habitacional en más de 2.700.000 viviendas a nivel nacional, «siempre se habla que es un tema especulativo pero hay factores que inciden en el precio final de la vivienda», sentenció.
Por su parte, Francisco Mendoza explicó que actualmente el usuario que esté en posibilidades de comprar una propiedad debe asesorarse de manera correcta. «Hay que asesorarse bien, con personas responsables. Gente seria e inmersa en el tema, no buscar a gente que no conozca el ramo”, insistió Mendoza, quien sugiere que las diferentes cámaras que tienen que ver con el tema, ya sea el de construcción o la inmobiliaria, podrían ser útiles. Además, recomienda Mendoza, examinar la orientación de la vivienda, los drenajes, los servicios, si la residencia se encuentra en un lugar cerrado o abierto, sobre la seguridad de la zona, el financiamiento del pago y, lo más importante, el dinero disponible.
Precios inalcanzables para asalariados
Al repasar el mercado de las viviendas en el estado Lara, y más específicamente en la ciudad de Barquisimeto, se constató que el precio mínimo por una propiedad no baja de los 3 millones de bolívares.
De allí, las diferentes variables mencionadas, además de lo que aspire recibir el dueño, podrían incrementar el precio de la vivienda hasta en 5,7, o más de 10 millones de bolívares.
Ante estas cifras, un trabajador con el menor de los sueldos permitidos por ley (4.251,78 bolívares), tendría que recibir 705,58 veces su sueldo para hacerse acreedor de una residencia; que, dividido entre 12 (los meses de un año), tendría que laborar por 59 años para comprar dicha propiedad. La distorsión entre el sueldo devengado por un trabajador y los precios de la propiedad más modesta es tal que, costaría más de media vida poder adquirir una de las casas más baratas del mercado actual.
Casas nuevas, usadas y terrenos sin construcción, varían sus precios dependiendo de la zona en la que se encuentren, pero no existe una oferta más económica, en las condiciones que sea, que aquella que sobrepase el millón de bolívares.
Préstamos no alcanzan
Tradicionalmente, los préstamos bancarios y el dinero que cada trabajador puede acceder por concepto de retenciones hechas en su trabajo, consistían una ayuda necesaria para comprar una vivienda.
Sin embargo, en la Venezuela actual, los créditos bancarios dados por los fondos de la entidad de ahorro, así como el dinero que se aporta por el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (antigua Ley de Política Habitacional), no cubren siquiera el 70% del costo final de la residencia, «como pasa en cualquier otro país del mundo.”
Así lo señaló el responsable de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, quien comentó que el dinero que ofrecen los bancos por concepto de préstamos no alcanza el millón de bolívares. Tomando en cuenta que el precio más económico para una vivienda es de 3 millones de bolívares, el préstamo en cuestión no alcanzaría el 40% de la deuda a contraer. Caso más grave sería con respecto al dinero del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, el cual no alcanza los 400 mil bolívares, menos del 15% del precio final de una vivienda que se comercializa en el mercado nacional.
La opción, para quien desee comprar una residencia, seguirá siendo el préstamo del dinero y la búsqueda de una residencia más económica, aunque eso suponga renunciar a escoger la ubicación que beneficie más a la familia y los servicios con los que cuente el inmueble, reseñó el portal del diario El Impulso.