La estructura del poder popular se amplía. El Presidente Nicolás Maduro mediante dos leyes, aprobadas vía Habilitante, creó un esquema de financiamiento para los proyectos de los consejos comunales y las comunas, y además, ordena a las entidades transferir a las organizaciones del poder popular las gestiones en materia de servicios y otras actividades. En la Gaceta Oficial No. 40.540 del 13 de noviembre se publicó la modificación de la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones la cual indica que las transferencias de competencias a las comunas y consejos comunales «son de obligatorio cumplimiento a todas las instituciones del poder público».
Se detalla que «los órganos y entes del poder público Nacional, Estadal y Municipal transferirán a las comunidades organizadas, comunas y consejos comunales, y otras formas de organización de base del poder popular, a través empresas de propiedad social directa e indirecta, la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos, en las siguientes materias: atención primaria de salud, mantenimiento de centros educativos, producción de materiales y construcción de viviendas, políticas comunitarias de deporte, y mantenimiento de instalaciones deportivas y culturales, administración de programas sociales, protección del ambiente y recolección de desechos sólidos, administración y mantenimiento y conservación de áreas urbanas, administración y prestación de servicios públicos y financieros y distribución de alimentos y bienes de primera necesidad».
La Ley apunta que «los órganos del poder público Nacional, Estadal y Municipal deberán presentar en el primer trimestre de cada año, ante el Consejo Federal de Gobierno, un plan anual de transferencia de gestión de servicios, actividades, bienes y recursos».
Aunado a las mayores competencias que tendrán las comunas en la administración de servicios, ahora tendrán más vías para recibir recursos.
La Ley para Establecer los Lineamientos de Financiamiento a las Organizaciones del Poder Popular indica que los consejos comunales, comunas y empresas de propiedad social recibirán financiamientos para proyectos socioproductivos y proyectos sociales.
Se apunta que los créditos que reciban las organizaciones no podrán tener tasas de interés superiores a las mínimas fijadas por el Banco Central y que algunos de los entes encargados de dar los préstamos tendrán que ajustarse a la norma en un plazo de 90 días.
Ya el mandatario dijo que uno de los entes ejecutores de la Ley será el Banco Bicentenario de las Comunas, reseñó El Nacional.