Cada 35 minutos se ha abierto una averiguación penal contra 1 venezolano desde el pasado 12 de febrero. Un promedio de 40 personas han sido detenidas diariamente en las últimas 6 semanas, cuando han arreciado las protestas en el país. La cuenta suma casi 1.800 aprehendidos (95% estudiantes).
Poco más de la mitad han sido liberados, pero eso no ha sido una buena noticia para ellos: ninguno se ha zafado de la amenaza de que los enjuicien y envíen a la cárcel, y mientras tanto tienen las libertades restringidas: algunos tienen que presentarse periódicamente ante los tribunales y tienen prohibido participar en manifestaciones, con la amenaza de un eventual juicio en el futuro. Aún hay 86 privados de libertad.
Las oleadas de detenciones continúan a un ritmo constante y las denuncias contra los procedimientos coinciden en todo el país: hay detenidos que afirman que han sido torturados, sometidos a tratos crueles o inhumanos; amenazados o se les ha impedido comunicarse con sus familiares y abogados hasta por 48 horas y más; interrogados por funcionarios de inteligencia sin que esas preguntas aparezcan en acta alguna; despojados de sus teléfonos celulares para ser revisados; presentados en tribunales con escasos minutos para dialogar con los defensores; coaccionados para firmar documentos; o acusados con pruebas falsas o cargos fabricados
Para muchos, la arremetida contra los jóvenes por manifestar –derecho consagrado en el artículo 68 de la Constitución– no tiene precedentes y constituye la apertura de un proceso penal de dimensiones colectivas que trastocará el futuro de muchos jóvenes, al restringírseles su libertad y exponerlos a procesos judiciales que pueden extenderse en el tiempo. El caso del cierre de RCTV en 2007 se asemeja por tratarse del mismo grupo de la sociedad, pero a diferencia de hoy, esas protestas se extendieron tan solo por 14 días, tiempo en el cual menos de 300 personas fueron arrestadas y liberadas de inmediato, sin mediar expedientes que pudieran dejar antecedentes penales en hojas de vida personales. “Existe una política sistemática de persecución de un grupo específico de la población del país, en este caso los estudiantes. La intención es criminalizarlos para construir una narrativa en defensa del gobierno”, afirma Gonzalo Himiob, director del Foro Penal.
Las detenciones iniciadas desde la marcha por el Día de la Juventud en Caracas se han producido en cuatro fases. En un primer momento fueron hechas durante manifestaciones realizadas en varios estados del país. Luego se ejecutaron de manera indiscriminada, a cualquiera que estuviese cerca de una barricada. En un tercer momento tuvieron carácter preventivo, contra personas que supuestamente intentaban sumarse a las protestas. La última fase ha sido la selectiva, desplegada con un trabajo previo de inteligencia de más de un mes, a partir de información obtenida en interrogatorios y celulares, lo que ha permitido, desde hace dos semanas, el allanamiento de residencias y oficinas de personas que presuntamente organizan protestas.
Al límite. Marco Aurelio Coello y Luis Felipe Boada fueron detenidos en Candelaria junto con otros cuatro jóvenes (Demian Martín, Christian Holdack, Nelson Gil Palma y Ángel González) el 12 de febrero, durante la marcha a la Fiscalía. Sus aprehensiones contienen un conjunto de irregularidades que expertos en leyes no dudan en calificar como la construcción del expediente político y judicial contra Leopoldo López, quien fue arrestado 6 días después.
El 5 de abril se cumplirá el plazo máximo de 45 días para que la Fiscalía presente las acusaciones en contra de Coello y Boada, y el Tribunal 16º de Control decida si ratifica la privativa de libertad que les impusieron o desestima el proceso judicial. Se hará frente al mismo juez que dictó prisión a López porque sus casos fueron sumados al expediente del dirigente de Voluntad Popular, en calidad de autores materiales de los destrozos contra la Fiscalía. Lo mismo ocurrió con otros cuatro estudiantes: Demian Martín, Christian Holdack, Nelson Gil Palma y Ángel González.
Ante la unificación de los casos, Doris Morillo de Coello, madre de Marco Aurelio, respondió: “Mi hijo marchó pacíficamente, sin ningún llamado previo de alguna organización. No forma parte de ningún grupo estructurado, salvo de los equipos de fútbol y tenis del colegio donde cursa quinto año de bachillerato”. Stefania Vitale, esposa de Boada, también rechazó la medida. “Mi esposo no forma parte de ningún partido político. Era la primera vez que marchaba por querer vivir en un país con paz”.
El caso de Coello, de 18 años de edad, ejemplifica la incomunicación y los tratos crueles a los que han sido sometidos muchos detenidos. Tras su aprehensión, pasó 12 horas desaparecido y 48 horas –el plazo límite para ser presentado por la Fiscalía ante un tribunal de control– sin poder establecer contacto con su familia. En esas horas vitales para preparar la defensa, estuvo recluido en el Cicpc, donde su familia asegura que fue víctima de tortura, para luego ser trasladado al Sebin. Solamente logró hablar con sus abogados 10 minutos antes de que comenzara la audiencia de presentación, y los exámenes forenses se le practicaron el 20 de marzo, a más de un mes de su detención, lo que implica denegación de justicia. Aunque no conocía a los otros jóvenes, a todos les imputaron los delitos de instigación a delinquir y agavillamiento, además de daños materiales e incendio.
En el caso de Boada, su familia insiste en el forjamiento del acta policial de aprehensión. Según el documento, fue detenido en medio de los disturbios lanzando piedras y bombas molotov a las radiopatrullas que estaban cerca de la Fiscalía. Un video grabado por las cámaras de seguridad demuestra otras condiciones. “Luis Felipe fue detenido en las residencias Parque Carabobo, donde acudió a resguardarse. Allí los funcionarios hacen un allanamiento sin una orden, tras lo cual lo llevan a rastras al Cicpc. Se demuestra que el lugar, hora y circunstancias de la detención son diferentes a las del acta”, afirmó Alejandra de Vitale, suegra de Boada.
Al igual que Coello, Boada fue sometido a tratos crueles en el Cicpc, donde permaneció 36 horas. Lo tuvieron de rodillas durante horas, golpeándolo en la columna. Además, lo patearon y rociaron con gasolina. Luego respondió bajo coacción preguntas que le hicieron sobre su estado físico. No se le practicaron los exámenes forenses solicitados por su defensa. “Debemos reconocer que hemos contado con el mayor respaldo por parte de la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y de la abogada designada. Han estado muy pendientes del caso”, subrayó De Vitale. Coello y Boada se encuentran recluidos en la sede de Polichacao.
Indiscriminado. Lázaro Sánchez utiliza el transporte público para ir desde su casa al trabajo, en El Paraíso, porque no tiene carro. Aún así, el 5 de marzo terminó imputado por el cargo de obstrucción de la vía pública “con vehículo propio” (un delito que no existe en el Código Orgánico Procesal Penal), además de resistencia al arresto, instigación a delinquir, propinar insultos contra el gobierno nacional y agavillamiento. El caso se repite en muchos estados: la acusación de delitos inexistentes. A las 6:30 am, cuando se preparaba para salir, Sánchez oyó un escándalo que lo hizo bajar a la planta baja de su edificio. Una camioneta cargada con oficiales de la Guardia del Pueblo y 25 motorizados de este mismo cuerpo entraron con armas en la mano y apuntando a los presentes. “Al ver eso me escondí en la caseta de vigilancia junto a otra vecina para resguardarnos de los guardias y de las botellas que lanzaban los vecinos”, explicó Sánchez. Ninguno había participado en la guarimba que por semanas se instaló frente al edificio.
“Un guardia nos apuntó y me dijo: ‘Estas arrestado”. En el traslado al comando de la GNB, Sánchez recibió corrientazos y escuchó insultos y amenazas de muerte. Supo de la llegada de un abogado alrededor de las 8:00 am, pero no pudo hablar con él hasta después del mediodía. Conversaron solamente por dos minutos, luego de que la abogada pidiera privacidad. Para ese momento ya los guardias le habían revisado el celular, un procedimiento generalizado en todo el país y que viola el artículo 48 de la Constitución, que garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas “en todas sus formas”. Al ver fotos de una concentración en Altamira le dijeron: “Esta es la evidencia de que eres un maldito guarimbero”. El 6 de marzo en la mañana lo trasladaron a la audiencia de presentación, donde le imputaron cinco cargos. “La fiscal pidió la pena máxima de 30 años de prisión, y luego agregó que se conformaba con la mínima, con medida de presentación cada 30 días”. Sánchez y su vecina –Nury Cavaniel, ama de casa de 48 años de edad– deberán presentarse cada 30 días, durante 8 meses, el plazo que estipuló el juez para que cumplan las medidas.
Cumpleaños en una celda. Melanye Álvarez recibió su cumpleaños número 21 en una celda de Polichacao. Su caso califica como una detención preventiva. Fue detenida junto con otros 4 jóvenes, por funcionarios de ese cuerpo policial, el sábado 22 de marzo frente al edificio For You, en Altamira, y obtuvo su libertad poco más de 24 horas después. Es una libertad restringida: el expediente abierto en su contra puede ser reactivado en cualquier momento. Durante las horas de prisión en ningún momento tuvo contacto con abogados, ni siquiera minutos antes de la audiencia de presentación. “Estábamos reunidos en la entrada del edificio, esperando a algunos muchachos para comenzar a celebrar mi cumpleaños. Polichacao se nos acercó, por protocolo, y luego el director de la policía es quien da la orden de arrestarnos. Obtuvimos la libertad sin restricciones, pero nos explicaron que no es lo mismo que tener libertad plena porque el proceso de investigación sigue abierto”.
Otra de las constantes de los arrestos en el país es la “siembra” de evidencias en los expedientes, según los señalados, así como agresiones verbales de contenido sexual a las mujeres. Ana Karina Triana asegura que le fueron incautadas cinco bombas molotov para señalarla como una de las dirigentes de las guarimbas en Altamira. Fue detenida el 28 de febrero, a las 7:00 pm, en la entrada del hotel Caracas Palace de Altamira, donde estaba tomando fotos. La Guardia Nacional Bolivariana llegó, la haló por los cabellos y le ordenaron montarse en una moto. “Carne fresca”, escuchó que gritaban los guardias al verla pasar. “Me bajaron de la moto, me rodearon, me insultaron y amenazaron con violarme. Con los rolos me golpearon muchísimas veces en la cabeza. Me empujaban de un lado a otro y decían que me llevarían a Yare”, recordó. Dos días después, el domingo 2 de marzo, le imputaron los cargos de instigación pública, obstrucción de la vía pública y de ultraje a un funcionario público.
Selectiva en centro comercial. Los familiares de Gabriel Posner niegan que él esté relacionado con el material que se incautó en un local de un centro comercial de Prados del Este (Caracas) el 17 de marzo en la madrugada, “una fábrica completa de artefactos para el terrorismo”, como lo denominó el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, el día siguiente.
Posner, de 20 años de edad, fue arrestado junto con cinco personas más; Carlos Daniel García Ortiz, Omar Alfonzo Méndez, Francisco Antonio Justo, Luis Contreras, Pedro Contreras y Alberti Luque Rondón; durante una operación muy precisa y de gran despliegue de la GNB y el Cicpc. Vecinos de la zona indicaron que, después de la 1:00 am, más de 50 motos con funcionarios ocuparon dos cuadras para la operación, de manera silenciosa. La presencia de tal cantidad de agentes y la hora generó temor entre los habitantes cercanos al centro comercial. El constitucionalista Román Duque Corredor, vecino del sector, opinó en su Twitter al momento de la operación: “Militarización masiva nocturna de calles con armas de guerra, efectivos fuertemente armados y vehículos militares es terrorismo de Estado”
“Él no estaba allí y tampoco conocía al grupo con el cual lo relacionan”, explicó una persona relacionada con el joven que quiso mantener su nombre bajo reserva. “Todo lo que mencionan que tenían a su resguardo es sembrado”, agregó. El jefe del CORE 5, Manuel Quevedo, informó que en el lugar se incautaron bombas molotov, miguelitos, cordones para la fabricación de explosivos, niples, gasolina, aceite, medicamentos, prendas y tres vehículos. “Hemos develado un plan y estamos tras la pista de quienes lo están elaborando”, enfatizó.
La audiencia de presentación se realizó en el límite del plazo, el miércoles 19 de marzo. Hasta entonces los familiares pudieron ver a los detenidos. Les imputaron los delitos de instigación para delinquir, asociación para delinquir, tráfico de armas y obstrucción a la vía pública. La juez decidió que fuesen detenidos en las cárceles del Rodeo I y II. Hasta ahora no han sido trasladados y permanecen en el destacamento de la GNB en El Recreo. Casos de detención selectiva como el de Posner y el grupo ocurrieron también, en la misma semana, en Plaza Venezuela y La Carlota.
Los estudiantes que han sido sometidos a los peores tratos ahora lidian con la amenaza del juicio, Juan Manuel Carrasco, que ha denunciado que fue torturado y violado con un fusil, fue sometido a arresto domiciliario, pero ahora tiene un régimen de presentación en tribunales cada 30 días. Como otros, tendrá que esperar 8 meses para enterarse de cuál será su futuro judicial, porque fue el lapso que decidió el juez para el término de la medida. «Hubo un retardo de dos semanas y media en la entrega de la orden que terminó con el régimen de casa por cárcel», explica.
Fuente: El Nacional.