Este miércoles, comenzó la audiencia preliminar contra los 8 funcionarios de seguridad imputados por el asesinato del joven carpintero Bassil Alejandro Da Costa Frías, de 24 años de edad, que recibió un disparo en la cabeza el 12 de febrero en la esquina de Tracabordo, a escasos metros del Ministerio Público. Abogados de la Fundeci que representan a la madre de Da Costa, Jeneth Frías, denunciaron que la Fiscalía no la notificó de la investigación.
“Ella se enteró de que había detenidos e imputados a través de los medios de comunicación. Ni el Ministerio Público ni los cuerpos policiales la contactaron. Eso es irregular porque ella es una víctima indirecta en ese homicidio y además es la madre. La investigación se hizo a espaldas de la víctima”, denunció Joel García, de la Fundeci.
Precisó que Frías entró en contacto con la ONG el 14 de abril, tres días después de que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, anunció la presentación del acto conclusivo, en el que acusó al comisario del Sebin José Perdomo como presunto autor material bajo los cargos de homicidio intencional calificado con alevosía, uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pacto internacional.
Además de Perdomo, el MP acusó a otros cinco Sebin (Manuel Pérez, Edgardo Lara, Héctor Rodríguez, Jimmy Sáez y Josner Márquez), al sargento del Ejército Jonathan Rodríguez y al oficial de la PNB Andri Jaspe por uso indebido de arma orgánica y quebrantamiento de pactos internacionales en grado de coautores.
García precisó que la Fundeci se plegó a la acusación fiscal porque las dificultades de acceso al expediente les impidieron promover elementos probatorios propios. “La Fiscalía pidió el pase a juicio de todos los imputados privados de libertad porque se trata de un delito contra los derechos humanos. Estamos de acuerdo con los elementos promovidos por el MP”, indicó antes de entrar a la audiencia que comenzó pasadas las 3:00 de la tarde.
Detalló que el tribunal impuso horarios para sacar copias al expediente y que el documento solo podía salir con un funcionario del tribunal.
Tercer imputado. En la segunda audiencia por el homicidio de Geraldine Moreno, que falleció el 22 de febrero a consecuencia de los disparos de perdigón que recibió en la cara durante una protesta antigubernamental realizada tres días antes, la Fiscalía imputó a otro funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana.
Por este caso ya estaban acusados dos funcionarios de la GNB, Paola Barroso y Franklin García, privados de libertad en el Comando Regional número 2, en Valencia, desde principios de mayo, cuando fueron puestos a la orden del Ministerio Público por el comandante general de ese cuerpo, mayor general Justo Noguera Pietri.
“El tribunal ordenó detener al tercer imputado, de apellido Bonilla, que será enviado al Comando Regional número 25, en Puerto Cabello”, informó ayer Rosa Orozco, madre de Moreno, al salir de la audiencia.
Orozco agregó que todavía no se ha establecido una fecha para la próxima audiencia, pero aclaró que debería realizarse alrededor del 22 de junio, cuando los 2 primeros imputados cumplen 45 días detenidos.
El abogado Alfredo Romero, integrante de Foro Penal, dijo que la Fiscalía debería ir más allá de los autores materiales y señalar las responsabilidades de los que estaban a cargo, pues se trata de una muerte por tratos crueles e inhumanos.
Romero asegura que el juicio por el crimen de Moreno ha tenido irregularidades, como que no se permitiera el acceso de los abogados a la primera audiencia o se dejase entrar a los familiares solamente para declarar como testigos. Orozco afirmó, sin embargo, que en la audiencia de ayer no hubo problemas.
Otros casos
De los 42 fallecidos que reporta el MP desde el 12 de febrero, al menos 6 tienen personas detenidas, imputadas o acusadas. Estos son Jesús Acosta (un Cicpc imputado), Adriana Urquiola (una orden de captura contra Jhonny Bolívar), Génesis Carmona (orden de captura contra sospechoso), Mariana Ceballo (privativa de libertad contra Kenneth Martínez), Arturo Martínez (acusado Héctor Cusati) y el GNB José Guillen (detenido Cheng Kuam Niaga). Además, el Ministerio Público incluyó en la lista de víctimas a Asdrúbal Rodriguez, fallecido en un procedimiento policial irregular (imputados 2 Polichacao), y a la funcionaria del Sebin Karelis Chacón, fallecida en una persecución por sospecha de secuestro (imputados 3 Polichacao). Asimismo, el MP solicitó el sobreseimiento de un GNB sospechoso por la muerte de Jimmy Vargas, fallecido tras caer de un balcón en medio de una arremetida militar en una zona residencial.
Dato
La fiscal Luisa Ortega Díaz indicó ayer que a la fecha hay 139 privados de libertad por su participación en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro y en hechos de violencia. Precisó que, de ese grupo, 15 acreditaron su condición de estudiantes. “Hemos actuado conforme a derecho y dado respuesta como Estado responsable”, reseñó el portal del diario El Nacional.