Los enfrentamientos entre el gobierno de Nicolás Maduro y los estudiantes llevan más de dos meses y, a pesar de los tímidos acercamientos al diálogo, aún no han encontrado una solución. Mientras tanto, el chavismo es blanco de diversas denuncias por abuso de fuerza y violación a distintos derechos humanos (DDHH). Liliana Ortega, miembro de Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989), comparó al actual conflicto con el «Caracazo».
Si bien Ortega aclaró que no se los puede comparar en términos de fallecidos y devastación, señaló que la respuesta del chavismo fue igual a la de Carlos Andrés Pérez durante el golpe de Estado que tuvo que enfrentar.
«La misma respuesta que tuvo el gobierno de Carlos Andrés Pérez con respecto al Caracazo la ha tenido el gobierno de Maduro con las manifestaciones. Se ha criminalizado a las víctimas, se han desconocido violaciones graves a los derechos humanos y se han minimizado los hechos de las protestas», explicó Ortega.
De acuerdo con lo consignado por El Nacional, desde el 12 de febrero hay 106 personas privadas de su libertad, 1.406 tienen medidas cautelares, de un total de 2.500 detenciones, según cifrados del Foro Penal Venezolano.
«Si se puede establecer alguna referencia de estos hechos con los del Caracazo, guardando las distancias, se puede hablar que, de 650 personas que resultaron detenidas en 1989, un aproximado de 95% quedó en libertad plena», recordó la miembro del Cofavic. Y completó: «Al contrario de este momento, cuando hay tres veces más detenidos que en la revuelta popular de inicios del gobierno de CAP [Carlos Andrés Pérez]. Hay una gran cantidad de personas que no tienen libertad completa solo por protestar. Hoy hay una crisis de derechos humanos en el país».
La Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz, en su informe sobre la actuación del Estado en el control de manifestaciones desde el 12 de febrero, denunció la violación de diez derechos humanos y la ausencia de detenidos por las múltiples denuncias de tortura en Lara, reseñó el portal de Infobae.
Funcionarios policiales, militares, fiscales y jueces, son los principales actores involucrados en las violaciones de derechos, según índica el documento.
Los derechos transgredidos son integridad personal, justicia, libertad de expresión y de información, libertad personal, manifestación, debido proceso de detenidos o privados de libertad, seguridad ciudadana, inviolabilidad del domicilio, autonomía universitaria y el derecho a la vida.
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