A través de reportes oficiales, se ha difundido la información que desde el pasado mes de agosto han arribado a los puertos venezolanos gran cantidad de alimentos, sin embargo, las quejas y manifestaciones en abastos y supermercado por la escasez de comida, hace suponer que existen deficiencias en la capacidad de distribución.
Al respecto, la diputada por Proyecto Venezuela en el Consejo Legislativo del estado Carabobo, Neidy Rosal, manifestó su preocupación por las condiciones de almacenamiento de estos productos, debido a que ya existen antecedentes como lo ocurrido en el año 2010 con el caso de PDVAL, y las más de 87 mil toneladas de alimentos descompuestos encontrados en almacenes y propiedades relacionadas con el Estado.
Según se reseña en la nota de El Venezolano News, la legisladora señala que cinco años después, la historia pudiera estar repitiéndose debido a que constantemente son difundidas notas de prensa que dan parte del arribo de toneladas de mercancía que no aparecen en los anaqueles de las redes de comercialización.
“Existe la certeza de que todos estos alimentos están siendo retenidos por el Gobierno de Nicolás Maduro para sacarlos a la venta a 10 días de las elecciones del seis de diciembre, caso contrario, resulta incomprensible la escasez de productos en todo el territorio nacional. De no ser así entonces que expliquen donde está toda esa comida que ha llegado a Venezuela”, exclamó la parlamentaria carabobeña.
De confirmarse esta denuncia, Rosal calificó la estrategia electoral como inhumana y violatoria de los derechos constitucionales. Hecho que acarrearía delitos de lesa humanidad.
“Cuanto tiempo perdemos las madres venezolanas en una cola para comprar la poca comida que ellos sacan a la venta, solo porque según sus cálculos lo más conveniente es venderla durante los 10 días previos de los comicios parlamentarios para hacer campaña. Es mucha la angustia que sentimos, es inaceptable” insistió.
De igual forma, la diputada cuestionó los ataques que realiza el Gobierno de Nicolás Maduro en contra de la empresa privada. Denuncia que intenta usarla como excusa para tapar el acaparamiento generado por el propio Estado venezolano y con fines electorales.