Maduro perdió la razón; fue demasiado lejos. Para mantenerse en el poder cometió todos los delitos tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma: asesinatos, torturas, detenciones ilegales y tratos crueles e inhumanos. Además, se trata de crímenes sistemáticos y generalizados, perpetrados a consciencia contra una población civil.
Son hechos públicos, notorios y comunicacionales. Está todo documentado, registrado y grabado; hay miles de testigos, y existen centenares de víctimas enardecidas, que clamarán por justicia.
Sin duda Maduro y muchos de sus colaboradores terminarán enjuiciados en la Corte Penal Internacional de La Haya. A principios de abril, la Corte recibirá la solicitud que introducirán parlamentarios de toda América Latina (http://t.co/YjJ2CN1TP9).
Los militares deben optar entre seguir obedeciendo órdenes ilegales, y terminar también enjuiciados en La Haya por graves delitos que no prescriben; o cumplir con el mandato de la Constitución, y proteger los derechos humanos del pueblo venezolano. Este dilema es evidente, por eso muchas personas lo están resaltando.
A través de su cuenta de Twitter, Elías Pino Iturrieta dijo: “No soy ni quiero ser consejero de milicos, pero ya es tiempo de que los señores del alto mando piensen en la patria con la cabeza fría”. Por su parte, José Toro Hardy expresó: “Los militares saben cuándo las medidas de represión se agotan, y sus riesgos personales de enfrentar cortes internacionales”. No son amenazas, son realidades obvias.
Si deciden escoger correctamente, los militares ni siquiera tienen que sublevarse; simplemente deben hacer uso del informe elaborado por el diputado Walter Márquez, y exigir que Maduro abandone el cargo, por tener nacionalidad colombiana (waltermarquez.com).
@LuisSemprumH / CronicasVenezuela